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“La seguridad, la salud, el medio ambiente y las relaciones con la comunidad son parte integral de la manera en que hacemos nuestro negocio. Mejoramos continuamente nuestra gestión, hacemos uso eficiente de los recursos naturales, cuidamos a las personas y al medio ambiente”. Esta frase forma parte de la información institucional que Minera Agua Rica difunde en su página web. Lamentablemente el relato que la empresa construye no coincide con la realidad.

Como se informó en La Izquierda Diario, esta semana en la plaza Lavalle, frente a Tribunales, miembros de la asamblea El Algarrobo -oriunda de la provincia de Catamarca-, instalaron una carpa como parte de la lucha que llevan adelante contra la megaminería en Andalgalá. Denuncian que la empresa en cuestión, a través de la explotación en la zona “provoca la contaminación del agua, las tierras y el aire, afecta la salud de nuestro pueblo y saquea nuestros recursos naturales”. Ante esto, no es un dato menor remarcar que el proyecto está previsto hasta 2034.

La medida llegó como consecuencia de un dilatado proceso judicial que comenzó en el 2010 cuando la asamblea presentó una acción de amparo contra la empresa Minera Agua Rica (cuya principal accionista es la canadiense Yamana Gold Inc) que llevaba adelante el proyecto de extracción en el mega yacimiento Agua Rica.

En la causa plantearon la nulidad de la autorización otorgada por la Secretaría de Minería de la Provincia de Catamarca, por la cual la empresa fue autorizada a empezar la explotación sin cumplir los requisitos expresados en el Código de Minería y la Ley General del Ambiente. Sin embargo, en ninguna de las instancias obtuvieron respuestas favorables de fondo por parte de la justicia provincial en clara complicidad con las mineras.

Es por eso que presentaron un amparo ambiental directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012. Ahora apuntan con este reclamo a lograr que se agilicen los tiempos judiciales y que la Corte emita un fallo a la brevedad. Al mismo tiempo denunciaron que la Procuración General de la Nación lleva un año sin avanzar sobre el expediente.

Mientras tanto, Minera Agua Rica pregona que lleva adelante una política de dialogo “abierto y honesto con las comunidades involucradas” cuando es de conocimiento público que las organizaciones populares vienen sufriendo la represión por parte de las fuerzas represivas del estado en cada marcha y corte que realizan, demostrando que están al servicio de los empresarios. Es así que llegaron al punto de declarar que la zona se ha convertido en una “dictadura minera”.

Frente a esto, frases cargadas de cinismo como: “Las personas consultadas o que espontáneamente se acercan a brindar su opinión, pueden expresarse con libertad y sus comentarios son tenidos en cuenta de manera integral”, que aparecen en el institucional de la empresa, no son más que una provocación contra aquellos que luchan por la protección de la vida y los recursos naturales contra el saqueo y la contaminación.

La Corte Suprema y el medio ambiente.

El mismo tribunal que debe resolver la cuestión de fondo en Andalgalá fue el que revocó un fallo que ordenaba el cumplimiento en el país de un embargo contra los activos de Chevron, dispuesto en Ecuador por más de 19 mil millones de dólares por la contaminación del Amazonas y el perjuicio ocasionado a los habitantes del lugar. En esa ocasión, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se había manifestado a favor del levantamiento del embargo amparándose en que Chevron era un actor estratégico en el desarrollo de la política energética de la Argentina, y que la medida podría traer problemas en la economía del país. Amparándose en este dictamen, la Corte dejó impune a la empresa norteamericana.