A las 4:30 am del viernes 31 de marzo la Policía Nacional del Perú, con más de 300 policías y una tanqueta para romper la puerta, ingresó a la Universidad Nacional de San Marcos deteniendo a decenas de estudiantes quiénes horas más tarde retomaron los predios universitarios expulsando a la policía.

Foto: El Comercio

El jueves 30 de marzo del presente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)– una de las más grandes y más antiguas del Perú - fue tomada por los estudiantes, quienes de esa manera manifestaron su rechazo a la serie de cobros que la actual administración les ha impuesto. Así mismo, los estudiantes cuestionan el reglamento disciplinario vigente, el cual limita las libertades democráticas y el derecho a la organización y la protesta estudiantil.

Las actuales autoridades universitarias, encabezadas por el rector Orestes Cachay, pretenden condicionar la matrícula de los estudiantes al pago de “gastos operacionales”, los cuales servirían - según las autoridades - para poner en funcionamiento los laboratorios y otros centros académicos. Estos pagos oscilan entre 30 y 150 soles (10 y 50 dólares aproximadamente). También se pretende cobrar por el uso de ambientes deportivos, por ejemplo; para poder usar las canchas de fútbol se debería pagar entre 50 y 100 soles la hora (20 y 40 dólares aproximadamente), mientras que para poder hacer uso de las piscinas se deberá pagar 100 soles la hora (40 dólares aproximadamente). Por otro lado, para poder tener acceso al carnet universitario, los estudiantes se ven obligados a pagar 38 soles (7 dólares aproximadamente).

El fundamento en el que se basan las autoridades universitarias para implementar estos cobros, es que la universidad no cuenta con el suficiente presupuesto para cubrir sus necesidades académicas, por tanto requiere generarse recursos directamente recaudados (RDR). Este argumento se sostiene en la nueva Ley Universitaria 30220, la cual en su artículo 110 permite que el Estado deje de ser la instancia principal en el financiamiento de las universidades. Para llenar ese vacío presupuestal, la ley universitaria crea 6 formas adicionales de financiamiento, donde la autogeneración de recursos vía cobros a los estudiantes y la mercantilización de servicios, se convierten en una constante.

Las políticas represivas, contenidas en el nuevo reglamento disciplinario de la Universidad San Marcos, también tienen su asidero legal en la ley universitaria en cuestión, la misma que en su artículo 99, incisos 99.6 y 99.7, limitan las actividades estudiantiles al academicismo vulgar y malintencionadamente buscan relacionar las legítimas formas de protesta a actividades violentas, las cuales condenan y sancionan.

Como vemos, la actual ley universitaria ha servido para legalizar un modelo de universidad empresa donde la gratuidad de la educación desaparece debido a la implementación de cobros a los estudiantes y la represión se convierte en la herramienta fundamental para disciplinar la rebeldía estudiantil. Esto se da para concretizar las políticas de ajuste que el Estado busca implementar a partir de la reducción del gasto social. Por esa razón, en la aprobación del presupuesto 2017 que se dio en el Congreso de la República, no se aumentó un céntimo a la educación superior universitaria. Con estas medidas queda demostrado que el discurso academicista y meritocrático que nos quiere vender la Superintendencia Nacional de Asuntos Universitarios SUNEDU y el Ministerio de Educación es una gran mentira. Lo único que quieren ellos es que la crisis de la universidad pública peruana, la terminemos pagando los estudiantes.

Es preciso recordar que esta ley universitaria, de la cual hoy se valen personajes tan cuestionables como el rector Orestes Cachay para implementar los cobros señalados, gozó del apoyo directo de un sector de la “izquierda”, la cual hoy no tiene autoridad política para tratar de ser intermediaria del movimiento estudiantil, ya que en su momento se la jugaron por los intereses de este Estado y de la SUNEDU que como vemos condenan a las universidades públicas al abandono presupuestal.

El problema que hoy viven los estudiantes de la Universidad San Marcos, es un problema que los estudiantes de todas las universidades públicas del país padecemos ya que los cobros condicionados se han institucionalizado a nivel nacional. Por ello, la lucha de San Marcos debemos considerarla como el punto de inicio de una lucha contra la privatización de la educación superior universitaria y contra la criminalización de la protesta estudiantil. Esta lucha debemos empezar a encararla en todo el país.

Esto nos debe permitir sacar las primeras conclusiones de lo que significa esta lucha y a crear lazos de coordinación que nos permitan empezar a organizarnos y a discutir las razones de fondo que genera esta vulneración sistemática de la gratuidad de la educación, pero ello debemos hacerlo de manera conjunta con los trabajadores ya que este sector también es víctima de los recortes presupuestales y de la precarización laboral. En ese entender es muy positiva la iniciativa de los estudiantes sanmarquinos de hacer suyas las demandas de los más de 1.500 trabajadores de esta universidad que plantean la prórroga de sus contratos laborales.

Datos: