El Poder Judicial neuquino, aliado al poder político, dividió la causa en dos partes: por un lado la investigación sobre la autoría material del disparo que terminó con la vida de Carlos Fuentealba aquella jornada de lucha docente del 4 de abril (moriría al día siguiente). En segundo término se desarrolló la conocida “causa Fuentealba II”, dedicada a investigar las responsabilidades políticas del hecho.
De esa manera, la estrategia procesal elaborada por la misma fiscalía tenía como fin garantizar la impunidad del poder político.
Quince meses después del asesinato la Cámara Primera de Neuquén condenó por unanimidad al cabo Darío Poblete a una pena de prisión perpetua por ser autor material del delito de “homicidio calificado con dolo directo, agravado doblemente por abuso de su función de policía y por su alevosía”, según señala el texto de la sentencia.
Esta sentencia se dio en medio de una masiva manifestación de trabajadores que reclamaban también cárcel para los autores intelectuales como el exgobernador Jorge Sobisch. En esta causa Sobisch declaró como testigo, desligándose de su responsabilidad en el operativo y apuntó a la Policía como responsable.
El cabo Darío Poblete recibió numerosos favores en su condena. Fueron muchas las denuncias de internos de la cárcel sobre que tenía un trato preferencial. Después de numerosos pedidos de su abogado el policía logró que lo trasladaran a la cárcel de Zapala, con la excusa de que su familia no podía visitarlo asiduamente en Neuquén Capital.
El 15 de junio de 2012 se hizo pública una fotografía del condenado a perpetua caminando sin esposas y sin custodia policial en las calles de Zapala, quedando demostrada la impunidad con que se movía. La indignación que generaron las imágenes obligó al traslado a la unidad 11 de Neuquén Capital, pero el Poder Judicial ordenó que fuera trasladado nuevamente a Zapala ante los pedidos de su familia y su abogado.
En la causa Fuentealba II, en la que se investigaba la responsabilidad de funcionarios y jefes policiales en el operativo que terminó con la vida de Carlos, el Tribunal Superior de Justicia avaló el año pasado el sobreseimiento y extinción de la causa de los quince imputados. El exgobernador Sobisch quedó absuelto a pesar de que él mismo dijo a la prensa en esos día de abril del 2007: “Yo dí la orden y me hago responsable”.
A diez años del fusilamiento público del compañero Carlos Fuentealba por parte del Estado y sus agentes, la lucha contra la impunidad sigue vigente.
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