En las últimas semanas hubo sonoros “crujidos” en las alturas (como las filtraciones sobre los acuerdos confidenciales alcanzados, espionaje a la delegación gubernamental en La Habana, etc.), en los que puede rastrearse la mano de funcionarios y militares disconformes.
Santos pudo afirmar hace poco, de visita en España, que “nuca se estuvo tan cerca de la paz”. Tras dos años de discusiones, hay acuerdo sobre tres de los temas (cuestión agraria, participación política y cultivos ilícitos), todo ello, en términos aceptables para el régimen. Las negociaciones ingresaron en una fase clave, que incluye reuniones con víctimas del conflicto, la discusión de aspectos militares y otros. Aunque hay todavía un largo y difícil tramo por recorrer se empiezan a tratar condiciones decisivas para un acuerdo final. De ellas depende la “dejación de armas” por las FARC (es decir, el fin de la actividad guerrillera y su desarme), los procedimientos para la reinserción en la vida civil de sus miembros, y su eventual admisión en la vida política legal.
Esos mismos avances endurecen la oposición del uribismo. Éste refleja a un ala de los mandos castrenses y a grupos terratenientes y empresariales relacionados con la “parapolítica” y la “narcopolítica” que temen verse perjudicados. También influyen los lazos con los republicanos yanquis y su línea de mano ultradura en “seguridad” y “antiterrorismo”. Uribe persigue además fines propios: la defensa de su entorno familiar y político (mezclado en escándalos financieros, abusos de poder y crímenes contra los derechos humanos) y sus aspiraciones políticas, revalorizadas si fracasa Santos.
Por ahora la opinión favorable al plan gubarnamental prima entre la mayor parte de la clase dominante colombiana. Tiene también el visto bueno imperialista, como declaró Obama. La Unión Europea delegó a Noruega como “país garante” (junto con Cuba) de las reuniones en La Habana. España, Alemania y otros estados europeos han reafirmado su colaboración.
Es que poner fin al histórico conflicto armado, en las condiciones y términos que pretende Santos, sería un gran paso para el régimen colombiano, que sabe que por medios puramente militares no puede erradicar a la guerrilla. Casi todos los gobiernos colombianos buscaron negociar, incluido el propio Uribe.
Santos abrió el diálogo como parte de un ambicioso plan estratégico que busca legitimar el papel de Colombia como actor regional aliado a Estados Unidos y consolidar la concentración de tierras y negocios al amparo del programa neoliberal. También, pretende maquillar al régimen contaminado por la “parapolítica”, la “narcopolítica” y ensangrentado por décadas de “guerra sucia”. La violencia estatal y paraestatal es la principal responsable de millones de desplazados, miles de “falsos positivos” y desaparecidos, más de 200.000 asesinados, incontables torturas, violaciones y toda clase de abusos y persecuciones contra el pueblo humilde y los luchadores sociales, sindicales y políticos.
Entra en los cálculos oficiales que la “pacificación” de Colombia impulse una mayor expansión capitalista, de la mano del TLC con Estados Unidos y atrayendo inversiones transnacionales hoy a la espera de mejores condiciones y seguridad, tanto como como fortalecer y legitimar el reaccionario régimen de dominación social y política.
Al servicio de estos objetivos está la estrategia negociadora del gobierno, que aprovecha el debilitamiento militar, político y moral de la guerrilla para tratar de imponer en la mesa del diálogo una “rendición negociada”, el desarme guerrillero, la aceptación de una "justicia transicional" y una mayor capitulación programática y política al régimen como precio para readmitir a los insurgentes en la “democracia”.
Por otra parte, las FARC están en una encrucijada estratégica militar y políticamente. No pueden aspirar a derrotar a las fuerzas estatales, que han venido arrinconándolos y asestándoles importantes golpes. La estrategia del “reformismo armado”, usando los fusiles para presionar a la burguesía por reformas se ha demostrado impracticable. La represión del Estado burgués y la actividad guerrillera, con todos sus errores, no pueden ser puestos en un mismo plano, según una teoría de los “dos demonios” a la colombiana. Pero los métodos guerrilleros, cada vez más alejado de las necesidades de las movilizaciones de masas, opuestos a la necesaria alianza obrera y campesina para luchar, y plagados con acciones inconsultas, nocivas, como los secuestros de la “pesca milagrosa”, han terminado por desacreditar a las FARC y facilitar la campaña de la burguesía, convenciendo a la opinión pública mayoritaria que son ellas, y no el Estado y la clase dominante, las responsables de la secular violencia.
Las FARC tienen derecho a negociar, en su propio nombre, pero no a afirmar que de esa negociación puede salir una paz favorable al pueblo colombiano. La pacificación que propone Santos no acaba con la violencia del régimen, consagra la impunidad de los poderosos y sus esbirros, mantiene las cadenas de la sujeción al imperialismo. Sólo la movilización revolucionaria de los trabajadores y campesinos podrá resolver estas tareas históricas. |
