El juez federal Claudio Bonadio consideró que Cristina y sus hijos serían la conducción de una "asociación iícita" que levada dinero a través de recibir "pagos de alquileres" de Lázaro Báez y Cristóbal López. La acusación tiene el agravante de tratarse de funcionarios públicos y estar vinculados ambos empresarios que fueron privilegiados a la hora de asignar obras públicas.
En total hay 21 procesamientos que abarcan la causa, según el Juez son parte de la creación de una "inmobiliaria con el objeto de recibir dinero, en locaciones de inmuebles y un hotel, como ilegitima contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública e introducirlo en el mercado financiero a fin de dotarlo de apariencia lícita".
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Además, el juez federal instó a un embargo a la ex presidenta por 130 millones y prohibió su salida del país. Ese mismo monto también fue aplicado en embargos a Máximo Kirchner y Lázaro Báez, mientras que a Romina Mercado y Victor Manzanares le correspondieron 90 y 100 millones respectivamente.
Esto sucede mientra crece la polarización entre el macrismo y kirchnerismo, ambos utilizarán estos procesamientos judiciales para ubicarse en esta disputa política. En medio de cuestionamientos y masivas movilizaciones, el macrismo buscará hacer pagar los costos a la "pesada herencia" y utilizar la causas de corrupción (menos las que competen al PRO obviamente) a su favor. Mientras que aún no se sabe el rol que tendrá Cristina en las próximas elecciones, seguramente acusará una supuesta persecución política que buscaría desviar el foco de los problemas que enfrenta el actual gobierno. | 
