Según dejaron trascender los trabajadores de la Secretaría de DD.HH. los asesores nombrados serían militantes de la Franja Morada, además de ser contratos que se encuentran por fuera de la Ley 10.430 que nuclea a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires.
En uno de los comprobantes se puede apreciar cómo el Jefe de Personal, Jorge Azaldegui, solicita que se realice un nuevo contrato por $70.200 para una nueva asesora que tendrá el cargo de Asistente en coordinación del Centro de Recepción de Denuncias y Asistencia a las Víctimas.
Fabián Troitero, delegado de la secretaria planteó que “esto es un verdadero escándalo. Mientras el gobierno de Vidal se tira contra los docentes que se niegan a cerrar un aumento salarial de hambre con la excusa de que la provincia ‘está quebrada´, la gobernadora junto a sus ministros y secretarios se encargan de nombrar a gusto y piacere decenas de asesores con salarios de hasta 5 veces superiores a cualquier trabajador estatal”.
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