La presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto que pretende reformar el SENAME (Servicio Nacional de Menores) iniciativa que ingresó a la Cámara de Diputados para su trabajo legislativo.
Lo que propone mandataria es realizar una división administrativa, técnica y financiera, junto a la creación del servicio nacional de protección especializada de niños y niñas que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, y el servicio de reinserción social juvenil que dependerá del Ministerio de Justicia.
El servicio nacional de protección especializada plantea una seria de prestaciones de protección a los niños, niñas y jóvenes, basada en coordinaciones intersectoriales con los ministerios de educación y de salud, y el servicio de reinserción social juvenil en la misma línea. Sin embargo se mantiene una lógica de tercerización de la políticas públicas de la niñez y la juventud, en relación a mantener políticas de licitaciones con instituciones colaboradoras, subcontratando a los equipos especializados de profesionales y técnicos que son parte de los programas.
En la propuesta legislativa se evidencia nuevos parámetros por medio de fiscalizaciones de comiciones de standares y acreditación para las instituciones externas que ofrezcan residencias y programas de intervención. Esta reforma, sigue no asumiendo la responsabilidad estatal en su carácter de un Estado tutor y protector de la niñez y la juventud, y mas bien continua externalizando su responsabilidad en el cuidado de los niños, niñas y jóvenes, a instituciones que mantiene una especie de subcontratación de los especialistas.
Con respecto al servicio nacional de protección especializada continuarán las áreas de residencia (hogares), ambulatoria (programas de acompañamiento familiar), cuidados alternativos (familias de acogida y adopciones), programas específicos que en su mayoría no responden a administraciones directas de organismos del estado.
Los cambios legislativos que sustentan esta propuesta del ejecutivo, plantean seguir con un modelo de proteccion focalizada y judicial, que aborda aspectos minimos de una real garantia protección a los niños, niñas y jovenes. Sin embargo, las reformas al SENAME siguen reflejando la desprotección de muchos menores de 18 años que el Estado no se preocupa de su bien estar, generando a nivel nacional una ausencia mayor de protección universal y de responsabilidad parental en las políticas publicas.
Estos cambios que pretende realizar el Gobierno de Bachelet, pretenden seguir manteniendo el mismo modelo de protección socio judicial de ingreso de casos de niños, niñas y jóvenes que presenten judicializaciones en Tribunales de Familia, vía vulneración de derechos, sea por violencia intrafamiliar, maltrato, abuso y otras vulneraciones.
Las 210 muertes de hijos e hijas del pueblo trabajador en el SENAME, sigue marcando a nivel de sociedad una necesidad real de cambiar las políticas publicas hacia los niños, niñas y jóvenes, donde no se comprenda la protección como una política judicial, sino como una política social, de la educación y de la salud, que busque la protección universal de los hijos del pueblo trabajador.
En la propuesta del ejecutivo no vemos un cambio de paradigma en torno al rol del Estado de buscar brindar su carácter de tutor en el cuidado de los niños, niñas y jóvenes de este país, donde no solo se termine el funcionamiento externalizado de las políticas públicas de protección, sino sean programas e infraestructura estatal que por un lado esté basado en hogares y residencias estatales y públicas, guarderías y centros abiertos de extensión de programas que fortalezcan y amplíen las Salas Cunas y Jardines Infantiles, Escuelas, Liceos, y Servicios de Salud.
El abordaje de la protección de los hijos e hijas de los trabajadores, se percibe cotidianamente en que no hay una política, ni garantías en los cuales en los lugares de trabajo sea accesible el ingreso de niños, niñas y jóvenes a guarderías de extensión horaria, salas cunas y jardines infantiles por parte de los empresarios y el Estado.
El SENAME como institución no sirve para mejorar la calidad de vida de los hijos de la clase trabajadora de este país, y a propósito de la “responsabilidad penal adolescente”, el SENAME es un instrumento represivo, carcelario y violento con los niños y jóvenes más pobres de Chile.
Frente a estos cambios cosméticos en torno a la protección social de los niños, niñas y jovenes, se torna necesario identificar que la solución para avanzar en proteger realmente a los hijos e hijas de la clase trabajadora y el pueblo, es a través de centros de acogida, con red de hogares, y programas estatales, administrados y controlados por equipos interdisciplinarios de profesionales de la educación, de la salud, junto a las organizaciones sociales, familiares a instituciones afines. No obstante bajo ningún motivo permitir la injerencia ni de Carabineros de Chile, ni de Gendarmería, ni de la Iglesia, a propósito de los miles de casos de abuso sexual infantil. |
