El juez Carlos Rossi se encuentra en el ojo de la tormenta. Amplios sectores criticaron su decisión de otorgar la libertad condicional a Sebastián Wagner, que antes de asesinar a Micaela Pérez, había sido condenado a 9 años de prisión por dos violaciones. Además, denuncian que ignoró distintos informes que sugerían que no se le otorgara dicho beneficio.
La libertad condicional le fue concedida en julio de 2016. El juez Rossi dejó asentado por escrito en el fallo, que Wagner "se encuentra posicionado favorablemente para acceder a la soltura anticipada" y que además "se resalta saludablemente el cambio actitudinal de Wagner así como una positiva modalidad de resolución de conflictos".
Sin embargo, hubo informes que sostenían lo contrario y fueron desestimados por el juez, como el de profesionales especialistas que dictaminaban que Wagner "no alcanzaba un análisis profundo y sentido respecto de los actos reprochables que cometió. Sin presentar indicadores de compromiso afectivo en relación al delito cometido y sin una genuina valoración respecto del daño producido". El fiscal Lisando Beheran, había anunciado que "la incorporación del penado a una etapa final del régimen progresivo de la pena (la de menores restricciones) no es procedente por no reunir las condiciones necesarias para pronosticar una adecuada reinserción social".
A pesar de esto, el juez Rossi sostuvo que "sin perjuicio de no contar con un pronóstico positivo de reinserción social dictaminado por peritos, conforme las conclusiones arribadas por los Organismos de Ponderación Penitenciario y Judicial, los que se han apartado de la finalidad que inspira a este Instituto, con argumentaciones subjetivas de difícil refutación, desvirtuadas por las constancias probatorias arrimadas a esta secuencia, Wagner se encuentra posicionado favorablemente para acceder a la soltura anticipada."
Previamente, un grupo de vecinos se había acercado a la casa del juez para denunciar su responsabilidad, además de movilizarse a tribunales y realizar pintadas en las que se puede leer "Fuera Rossi, a Micaela la mató el Estado". En las multitudinarias manifestaciones del día sábado, se exigió la renuncia del juez y reclamaron al Estado medidas elementales para prevenir, atender y erradicar la violencia de género.
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El colectivo de periodistas autodenominado Ni Una Menos sostuvo que "la violencia contra las mujeres, lesbianas y travestis no se resuelve con el Código Penal -una herramienta que comienza actuar una vez que las violencias ya se imprimieron en nuestros cuerpos-, necesitamos políticas integrales de prevención para un problema complejo y un Estado que deje de ser cómplice y asuma un compromiso real” | 
