La Paz, 9 de abril de 1952. A las seis de la mañana la emisora estatal, Radio Ilimani, salió al aire anunciando que una nueva revolución había triunfado en Bolivia. Era un complot arduamente tramado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), dirigido en la clandestinidad por Hernán Siles Suazo. Contaba con la adhesión del general Antonio Seleme Vargas, jefe de los carabineros de La Paz y hasta el día anterior, ministro de la Junta Militar encabezada por el general Hugo Ballivián. El golpe, meticulosamente planeado, debió sin embargo adelantarse. En una tensa reunión en la tarde-noche del 8 de abril, Ballivián relevó a Seleme de su cargo, sospechando su involucramiento en la conspiración en curso. Desde las primeras horas de ese miércoles 9 de abril, los comandos movimientistas, apoyados por los carabineros, ocuparon con relativa facilidad los principales edificios públicos del centro de La Paz.
Pero el anuncio de Radio Illimani se reveló prematuro. La dirección del MNR, experta en la organización de este tipo de complots, cometió un error fundamental: creyó que el general Humberto Torres Ortiz, jefe del Estado Mayor del Ejército, se mantendría neutral. Después de todo, se trataba de un plan aceptable para las Fuerzas Armadas, Seleme sería designado presidente provisional hasta las nuevas elecciones generales, previstas para octubre de 1952. Torres Ortiz, alertado por los rumores conspirativos, había sigilosamente recorrido las principales guarniciones del altiplano recabando la lealtad de sus jefes. Para cuando Radio Illimani propalaba las buenas nuevas, ya había instalado su cuartel general en El Alto, y con el respaldo de 9 regimientos que totalizaban 8.000 hombres, estaba listo para tender un cerco a los rebeldes acantonados en el centro de la ciudad.
Esa misma tarde comenzaron los enfrentamientos armados. Seguro de su éxito, Torres Ortiz exigió la rendición incondicional de los insurrectos antes de las 18 horas. Una hora más tarde, Seleme anunció por radio que ante el curso de los acontecimientos dejaba la conducción de la rebelión en manos de los civiles, y se refugió en la embajada de Chile. Sin embargo, las cosas no iban demasiado bien para las fuerzas leales. El regimiento Lanza, que había iniciado su marcha desde su cuartel general en Miraflores, fue frenado por militantes populares apoyados por carabineros, no pudiendo ocupar el cerro Laikakota ni avanzar sobre la sede del gobierno. En Villa Victoria, distrito fabril de la ciudad, se libró una feroz batalla que prosiguió el 10 de abril, en la que los militares sufrieron fuertes pérdidas en manos de obreros fabriles y vecinos. Lo mismo sucedió en la zona del Cementerio, desde donde los insurrectos bloquearon el acceso a la ciudad de los regimientos acantonados en El Alto.
No obstante, la situación de los rebeldes seguía siendo precaria. En la noche interminable del 10 de abril, una convulsionada reunión del comando insurrecto discutió intensamente el curso a seguir. No había ningún tipo de garantías por parte de Torres Ortiz, por lo que la reunión finalmente se dispersó sin directivas precisas.
Mientras la reunión languidecía, un nuevo actor entraba en escena. En las primeras horas de la madrugada del 11 de abril los primeros contingentes mineros comenzaron a descolgarse por las laderas de los cerros que rodean a La Paz. Venían de Milluni, perfectamente organizados en grupos con un responsable al frente, y traían un arma que se revelaría letal: la dinamita. Apenas topaban con los retenes militares, les arrojaban las cargas explosivas, los soldados arrojaban las armas y huían, los mineros las tomaban y avanzaban.
En poco tiempo los regimientos Bolívar y Pérez, principales contingentes leales, quedaron rodeados en la ceja de El Alto. Los soldados se rendían, huían o se unían a los mineros, que ya en forma torrencial se abalanzaron sobre el centro de la ciudad, tomando entre dos fuegos a las fuerzas que respondían al gobierno, mientras centenares de hombres y mujeres se unían a la lucha. A las cuatro de la tarde Torres Ortiz debió abandonar su cuartel general, trasladarse a Laja, en las afueras de La Paz, y firmar la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas. Para entonces, los efectivos del ejército masacrador de la rosca, desarmados y derrotados, desfilaban entre los obreros triunfantes. Los mineros y el pueblo de Bolivia habían obtenido el triunfo más sensacional de toda su historia.
El triunfo de la insurrección fue el resultado de un largo proceso previo. La guerra del Chaco (1932-1935), desnudó la corrupción del régimen político oligárquico y el carácter semi-colonial del país. En la posguerra se fundaron nuevos partidos políticos -el Partido Obrero Revolucionario, (POR, troskista, 1935), el Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR, comunista stalinista, 1940) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, 1942). Y en un puñado de años de la década del cuarenta, se forjó la matriz político-organizativa del proletariado minero boliviano, protagonista principal de las luchas de las siguientes cuatro décadas.
En diciembre de 1942 se produjo la masacre de Catavi: una marcha de mineros encabezada por sus mujeres fue ametrallada por el Ejército. La luctuosa jornada permitió un primer acercamiento del MNR al movimiento obrero, al efectuar sus representantes una denuncia e interpelación parlamentaria por la masacre. En 1944, los trabajadores mineros concretaron la fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), organización que se convertirá en la columna vertebral del movimiento obrero boliviano en los siguientes cuarenta años. Y finalmente, en noviembre de 1946, la Federación Minera convocó un Congreso Extraordinario en la localidad de Pulacayo, con el propósito de debatir la posición de los trabajadores frente a los dramáticos acontecimientos que habían culminado con el derrocamiento y asesinato del presidente nacionalista Gualberto Villarroel (21 de julio de 1946). Este Congreso aprobó las famosas Tesis de Pulacayo. Redactadas por Guillermo Lora (POR) y basadas en la teoría de la revolución permanente, representan una clara refutación de los planteos etapistas del stalinismo, inscribiendo la resolución de las tareas antiimperialista como una fase de la revolución obrera y el socialismo, y contraponiendo la revolución obrera y campesina a la revolución nacional postulada por el MNR. La adopción de las Tesis por los mineros fue una gran conquista de la izquierda revolucionaria, convirtiéndose en la plataforma política y teórica de los trabajadores bolivianos en los años siguientes.
El asesinato de Villarroel abrió el sexenio, un período de seis años (1946-1952), caracterizado por la agudización extrema de la lucha de clases. Duros combates emprendidos por el sindicalismo minero fueron ferozmente reprimidos por los gobiernos de la rosca, de los cuales formaba parte el PIR. En junio de 1951 se realizaron elecciones generales, donde se impuso la fórmula Víctor Paz Estenssoro-Hernán Siles Suazo. Fue ante esta circunstancia que el presidente en ejercicio, Mamerto Urriolagoitía, entregó el poder a una junta militar dirigida por el general Ballivián, que cerró el Congreso y desconoció los resultados electorales. Con el “mamertazo”, como se llamó popularmente al autogolpe, una época llegaba a su ocaso.
Como se explicó anteriormente, el 9 de abril de 1952 el MNR intentó un golpe de mano con el propósito de encontrar una salida a la peligrosa situación. Pero la resistencia del ejército abrió una crisis que permitió la intervención de los mineros, transformando lo que iba a ser un golpe palaciego más de la historia del país en el inicio de la revolución que cambiaría totalmente su historia.
El 15 de abril, Paz Estenssoro regresó de su exilio en la Argentina y se hizo cargo del gobierno, con Hernán Siles Suazo como vicepresidente. Dos días después, el 17 de abril, se formó la Central Obrera Boliviana (COB). Nacida en las barricadas todavía humeantes de la insurrección triunfante, la COB era la legítima representación de los trabajadores que hicieron la revolución. Juan Lechín (minero) fue designado Secretario Ejecutivo y Germán Butrón (fabril) Secretario General. Su programa fundacional era la lucha por la nacionalización de las minas y los ferrocarriles, la revolución agraria, la defensa de las conquistas sociales, la independencia política de los trabajadores.
¿Cuál era el panorama el día después del triunfo de la insurrección? Lo más impactante era la destrucción del Ejército. Las milicias formadas al calor de los acontecimientos respondían en su mayoría a los sindicatos y a la COB. Pero al mismo tiempo la COB participaba en la gestión gubernamental mediante la inclusión de “ministros obreros” en el gobierno del MNR. Se planteaba, por lo menos en términos embrionarios, una situación de dualidad de poderes, entre la central obrera y las autoridades gubernamentales. Los trabajadores pretendían imponer las decisiones de las organizaciones sindicales, pero también creían que el gobierno del MNR iba a llevar a cabo la revolución social por la cual ellos habían luchado.
Lamentablemente, no existió en aquel momento un partido u organización política que planteara con claridad que la dualidad de poderes se resolviese a favor de la COB. El POR no cuestionó la participación de los “ministros obreros” en el gabinete. Su estrategia consistió en defender al gobierno de las amenazas imperialistas, desarrollar una política de “apoyo crítico” y exigir el cumplimiento de los reclamos de las masas, presionando el ala izquierda del MNR con la esperanza de su radicalización.
Al no surgir una dirección obrera que buscase concientemente resolver la dualidad de poderes a favor de los trabajadores, se trabó la posibilidad de avanzar en la revolución social, permitiendo al MNR imponer su política conciliadora.
El contenido fundamental de la revolución de 1952 fue el sufragio universal, la nacionalización de las minas y la reforma agraria, concretado entre 1952 y 1953. En 1955 se aprobó un nuevo Código Educativo Nacional. Estas medidas produjeron transformaciones importantes en la sociedad y la economía boliviana, pero al mismo tiempo pusieron de manifiesto las limitaciones insalvables de un proceso controlado por el reformismo nacionalista.
La nacionalización de la minería, concretada el 31 de octubre de 1952, tras meses de dilaciones gubernamentales, puso fin al monopolio de las tres familias propietarias de la industria del estaño, Patiño, Aramayo y Hoschild. Pero en oposición a la COB, que exigía la expropiación sin pago de las minas, el gobierno pactó una indemnización a los antiguos propietarios y mantuvo a Estados Unidos como único comprador del mineral. El sueño de varias generaciones de bolivianos, de levantar una planta fundidora en Bolivia, exportar productos complejos e iniciar la industrialización del país, quedó nuevamente postergado. La reforma agraria, proclamada en Ucureña el 2 de agosto de 1953, terminó con las haciendas del altiplano y los valles, pero dejó intacta la gran propiedad latifundaria en el Oriente del país. Su carácter parcelario derivó en la extensión del minifundio y la caída de la producción, sin poder alcanzar el autoabastecimiento alimentario, al tiempo que los latifundios agroganaderos de Santa Cruz constituyeron la base de sustentación del nuevo bloque dominante.
En el plano internacional el MNR realizó un rápido acercamiento a los Estados Unidos, recibiendo ayuda financiera, supuestamente para paliar la crisis alimenticia, pero rápidamente direccionada hacia la reorganización del ejército. En contraprestación a esta “ayuda”, que en realidad incrementaba el endeudamiento externo, Estados Unidos exigió y obtuvo concesiones en la legislación petrolera, plasmadas en 1956 en el llamado Código Davenport, que permitió la participación de empresas norteamericanas en la explotación hidrocarburífera. Y ya en el mandato de Hernán Siles Suazo (1956-1960), el gobierno lanzó el Plan Eder, un plan de estabilización monetaria pergeñado por el técnico homónimo del FMI, al cual se opuso la COB. El gobierno reprimió al movimiento obrero y terminó con el “cogobierno”, como se llamó la participación de “ministros obreros” en el gabinete.
Las tendencias conservadoras y antiobreras se acentuaron en el segundo mandato de Paz Estenssoro (1960-1964), donde se promovió el rearme acelerado del Ejército. El proceso finalmente decantó el 4 de noviembre de 1964, cuando un golpe de Estado impuso una junta militar presidida por el general de aviación René Barrientos Ortuño, en ese momento vicepresidente de un tercer mandato de Paz Estenssoro. Las Fuerzas Armadas, derrotadas por los trabajadores en abril de 1952, estaban de nuevo en el centro del escenario político, remozadas y reorganizadas bajo la égida de los Estados Unidos y la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Si en los países como Bolivia, la resolución del problema agrario, la industrialización y la independencia nacional constituyen asignaturas pendientes, la “Revolución Nacional” del MNR demostró los límites insalvables de la burguesía autóctona para resolverlas, confirmando -por la negativa- la justeza de la Tesis de Pulacayo. Con el agregado que en pocos países latinoamericanos el nacionalismo completó una curva descendente tan marcada como en Bolivia: si ya para los años sesenta el MNR dejó el discurso nacionalista para las celebraciones patrias, asumiendo un proyecto desarrollista en alianza con el capital extranjero y las Fuerzas Armadas, en 1971 apoyó el golpe de Banzer y el terrorismo de estado, y para 1985 fueron Banzer y sus partidarios los que apoyaron a Paz Estenssoro y al MNR en el inicio del ciclo neoliberal en Bolivia.
La experiencia de 1952 puso de relieve la potencialidad de la movilización unitaria de los trabajadores en la lucha contra la oligarquía y el ejército de la rosca. La heroica gesta de los mineros de Bolivia también demuestra que las masas en lucha necesitan contar, en los momentos decisivos, con organismos propios, independientes del Estado, en los cuales poder deliberar, tomar decisiones y construir su poder. |
