El cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de la Familia Michoacana se han disputado el estado debido al lugar estratégico que representa el puerto-aduana de Manzanillo, uno de los más grandes del Pacífico y entrada de mercancías directas desde Ásia.
Su tasa de homicidios es el séxtuple que la media nacional, con 89 cada 100 mil habitantes. Esta cifra sólo es superada por el municipio con mayor índice de violencia, Tecomán, el tercero en importancia de la entidad.
En Tecomán todas las condiciones propicias para la siembre de cuerpos realizada por los cárteles se juntan: un estado con vías terrestres y marítimas con importante cercanía al puerto que, a diferencia del de Michoacán, todavía no está bajo ocupación militar. Abundante mano de obra migrante o de campesinos pobres, así como abandono y miseria para los que menos tienen.
La violencia que caracterizó por tantos años a Michoacán y a Jalisco se ha extendido a Colima, cuya población hoy voltea a ver la impotencia de las autoridades públicas estatales pertenecientes al PRI bajo la gubernatura de Ignacio Peralta. Los que menos tienen no pueden más que asumir que la guerra contra el narco les quema los pies y que la militarización sólo echa más leña a la hoguera.
Hay quienes pueden salir del estado y contratan autodefensas para cuidar sus tierras y cultivos, por supuesto a costa de un alto precio que facilita la cooperación ente los empresarios y la población civil armada. Como demostró el 2016, nadie está exento de la violencia por parte del narco o del ejército y la policía federal.
Según el reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2007 y 2016 – en casi una década de guerra contra el narco- se han reportado 855 fosas clandestinas en el país. Guerrero, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas, Coahuila y Colima son las principales entidades con esta descompuesta realidad que ayuda a explicar el paradero de los 32 mil desaparecidos oficiales en todo México.
México se convirtió en un país demencialmente violento luego de que, en 2006, comenzara la "Guerra contra el Narco". La militarización del país es una política de despojo capitalista que fortalece los lazos de dominación de México a los dictados de Estados Unidos, también es una politica que previene alzamientos populares y estuvo emparentado con la aplicación de las reformas estructurales. La militarización y la "Guerra contra el Narco" debe ser combatida por organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, intelectuales y rechazar la nueva ley de seguridad nacional. | 
