Ese individualismo, que la clase social dominante intenta presentar como “naturaleza humana”, es radicalmente opuesto a la solidaridad. Si dependiera de la burguesía neoliberal (sus mayores defensores), deberíamos funcionar en el mundo rigiéndonos por el viejo “primero yo, segundo yo y tercero yo”. Conviene tener en cuenta que, para ese pensamiento, la libertad es ante todo que otros no interfieran en los deseos y actividad del individuo.
En un mundo como el nuestro, en un mundo capitalista como el nuestro, es fácil descubrir que esos individuos no realizan su actividad en igualdad de condiciones. Citemos sólo un caso: la jubilación de un ex presidente de la república como el ex candidato Lagos, es de 9 millones de pesos al mes; la de casi el 90% de los trabajadores no es superior a 160 mil pesos.
Esa desigualdad ¿es fruto de esfuerzos desiguales? Esa es otra idea que la clase dominante ha cultivado en Chile (y el mundo). Según ella, si soy pobre, es responsabilidad mía: he carecido del esfuerzo suficiente. Pero en la realidad ocurre que quienes más trabajan son quienes menos ganan y que quienes menos trabajan son quienes más ganan. ¿O acaso coludirse es “trabajar”? Reducir la jornada a 40 horas sin reducir el sueldo como lo propuso la diputada Camila Vallejo, es intolerable para el empresariado si al mismo tiempo no se busca el modo de mantener un nivel de productividad que permita compensar la reducción horaria. Eso lo sabe Vallejo y por eso trata de demostrar que la propuesta de las 40 horas motorizaría la productividad.
En el fondo, los empresarios y los políticos a su servicio, desearían que todos los esfuerzos del pueblo trabajador y la sociedad estén encaminados en un único fin: incrementar directamente sus ganancias. La lógica de funcionamiento de las AFP -acorde a este criterio- es perfecta: todos los meses, sagradamente, el 10% de mi sueldo va a una empresa privada que me promete administrar mi ahorro pero que en realidad lo usa para todo tipo de inversiones y arreglos con los principales grupos económicos del país. En esta mentalidad, el Estado, también debe proveer de recursos a los bolsillos privados de manera directa, así como ocurre con los subsidios al Transantiago, a la salud privada y a la educación privada. Por ello, la propuesta de Bachelet, aun siendo profundamente conservadora en relación al sistema de AFP que queda intacto, es criticada desde esta óptica neoliberal: no es concebible que un 2% sea destinado a un sistema de ahorro colectivo o que su administración pase por una entidad pública y no por las AFP existentes.
Ya conocemos el modo en que el gobierno se ubica ante las presiones provenientes desde la derecha. Para tomar una expresión que el PC ocupa bastante, pero siempre de manera equivocada, podemos decir que el gobierno de Bachelet se ha dedicado sistemáticamente a hacerle el juego a la derecha. No hay una sola reforma que haya conservado su forma original, después de que empresarios, derechistas y militantes neoliberales de la Nueva Mayoría, reclamaran. Sin duda ocurrirá lo mismo con el nuevo anuncio.
En realidad, esperar una salida de fondo al problema de las AFP en los marcos de este gobierno y este régimen político, no es conducente, pues el gobierno ha dado muestras más que contundentes de su carácter capitalista. Que prime el interés del pueblo trabajador y no los intereses empresariales, será producto de una lucha ardua y no una dádiva de los ricos.
En ese proceso será necesario defender un programa anticapitalista. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas, significa comprender que la propiedad privada y el individualismo no son catalizadores de progreso social y que una salida de fondo al problema previsional, sólo podrá venir si terminamos con las empresas administradoras de pensiones y pasamos los fondos al Estado pero bajo gestión de trabajadores y usuarios para garantizar que el bienestar de las y los jubilados sea el criterio que rija el nuevo sistema.
El “principio colectivo” que introduce Bachelet con el 2% destinado a un ahorro solidario, es sólo una herramienta para hacer más funcional el sistema completo, en cuyo centro están las AFP que se estructuran en base a la “capitalización individual” y con criterios de lucro. Proponer la participación de los usuarios en una comisión para incidir en decisiones de inversión o en la elección de directores de empresas donde inviertan las AFP -medida anunciada por Bachelet en cadena nacional-, pero manteniendo el núcleo estructural del sistema: la capitalización individual y la apropiación de los fondos por empresarios privados; es sembrar la ilusión de que los intereses de los trabajadores que mes a mes cotizan el 10% y los intereses de los grupos económicos que controlan las AFP, pueden convivir en armonía. ¿Pero si los usuarios decidieran que sus fondos pasen al Estado y crear una institucionalidad que permita la gestión de éstos por las y los trabajadores? ¿Si decidieran que de aquí en adelante las pensiones nunca serán inferiores al 80% del último sueldo ni a $400.000 y que la cobertura de eso será en base al principio de solidaridad, usando los ahorros de los más jóvenes para ayudar a los más viejos, y ahorrando costos de administración y pago de comisiones al sacar a los privados del juego? Por supuesto decisiones así están “totalmente fuera de lugar” para el gobierno. Cuando en julio la propuesta se transforme en un proyecto de ley, veremos los juegos jurídicos que se realizarán para subordinar completamente las decisiones ciudadanas a la soberanía de los privados.
Construir un nuevo sistema de pensiones, basado plenamente en el ahorro colectivo y que garantice pensiones que nunca sean inferiores al 80% del sueldo o a $400.000 no es posible sin chocar con los grandes intereses del empresariado, sin un programa claramente anticapitalista. Y la fuerza de un programa así sólo podrá venir de un movimiento de trabajadores organizado desde la base, que desequilibre la balanza a favor de sus intereses en contra de los intereses empresariales. Conquistar un objetivo así requiere la unidad de la mayoría de las y los trabajadores, porque los empresarios defenderán sus privilegios con furia.
La Coordinadora NO+AFP podría cumplir un importante papel en esto si impulsa un plan de lucha que incluya el método del paro, la protesta y la movilización y que involucre a cientos de miles de trabajadores de base, a la juventud y a los sectores populares, dándole de ese modo fuerza a la demanda NO+AFP. Para eso la Coordinadora tendría que ampliarse y arraigarse con comités de trabajadores y delegados ampliando la representación a compañeros que no necesariamente son dirigentes sindicales. Sin embargo, aún no se visualiza una clara decisión de fortalecer el movimiento con un plan de lucha. Hay un peligro real de que la demanda NO+AFP sea sacada de las calles y que termine predominando la ilusión de que movilizarse “desde abajo” es solo una herramienta para que todo se solucione “desde arriba”. Por esto, una política anticapitalista debe poner en el centro la cuestión de la autoorganización: se trata de que trabajadores, mujeres, jóvenes y oprimidos, actuemos como sujetos y no como espectadores que aplaudimos como otros resuelven nuestros destinos. ¿Cómo hacemos que la lucha contra las AFP sea tomada en cada consultorio, colegio o puerto del país? Nuestra organización, el Partido de Trabajadores Revolucionarios, que participa de coordinadoras en ciudades como Arica, Temuco, Puerto Montt, Valparaíso o Santiago, pone sus fuerzas al servicio de desarrollar la mayor unidad de las filas de la clase trabajadora con un plan de lucha que permita terminar con las AFP. Los intereses capitalistas son grandes, y no van a ceder con gestos y palabras. |
