Elisa Carrió sigue ocupando el centro de la escena política. No lo ahora hace por la utilización de frases delirantes o por apelaciones a la mística religiosa. En este caso, es por los alineamientos a los obliga a distintos actores de la política nacional, entre ellos al oficialismo.
Hace poco más de dos semanas la legisladora nacional realizó un pedido para que la Cámara de Diputados inicie el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti.
El contraataque del titular del máximo cuerpo judicial parece haberse iniciado la semana pasada. Ocurrió cuando la Cámara Federal decidió rever una resolución del juez Daniel Rafecas. La misma, que tuvo lugar en 2016, había dejado sin efecto una causa en la que se investigaba a Carrió por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión la tomaron los camaristas Martín Irurzún y Eduardo Farah. El primero es sindicado como un aliado firme de Lorenzetti dentro de la casta judicial.
Macri, un respaldo con límites
El fin de semana, Carrió salió a hacer lobby a favor en defensa propia, afirmando que algún día Macri iba a “pedir de rodillas” que “saquen a Lorenzetti" de la Corte. Fue un pedido de apoyo en el marco del resurgimiento de las investigaciones en su contra.
La escalada obligó ayer al mismo presidente de la nación a salir a escena. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde defendió a la diputada de la CC, pero sin mención alguna al titular de la Corte o al pedido de juicio político.
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El titular del Poder Ejecutivo habló de la “honradez y calidad moral”. Una “moral” que le permitió mantener un silencio casi hermético cuando surgió el escándalo del acuerdo entre el Gobierno nacional y el Correo Argentino.
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Quien sí salió a defender a Lorenzetti fue la vicepresidenta Gabriela Michetti, que definió al titular de la Corte como un “señor bien”. La afirmación se corresponde con las versiones que circularon el fin de semana, donde se daba cuenta de que el oficialismo pretendía hacer dormir el pedido de juicio político hecho por Carrió.
La defensa de Michetti al titular de la Corte Suprema tiene lugar en momentos en que crecen las resoluciones judiciales favorables al oficialismo nacional. Ayer se conoció que el juez Sebastián Cassanello se declaró incompetente en la causa por los Panamá Papers que se seguía contra el presidente Macri. Eso ocurrió luego de concluir que no había evidencia de “lavado de dinero”.
Una casta millonaria en la escena nacional
La embestida de Carrió contra Lorenzetti y la reapertura de una causa contra la diputada de la CC no hacen más que volver a evidenciar el rol que juega el llamado Partido Judicial en la escena nacional.
Se trata de una casta vitalicia, cuyos ingresos se encuentran en niveles decenas de veces superiores a lo que cobra el promedio de los trabajadores en la Argentina. Una casta cuyos privilegios están protegidos por todo tipo de normas que, incluso, son dictadas por ella misma.
Baste solamente decir que es la misma Corte Suprema la que dictamina que los jueces no pueden ser alcanzadas por el impuesto a las Ganancias.
Esa casta se mantiene intacta desde hace décadas. Ni los Gobiernos radicales o peronistas tocaron esos intereses corporativos que los convierten en un poder casi autónomo dentro del régimen político argentino. Incluso el kirchnerismo, que hizo un discurso donde decía atacar a las “corporaciones” negoció un pacto de impunidad con el Poder Judicial.
Las acusaciones de Carrió no cuestionan esos enormes privilegios, como así tampoco los fallos reaccionarios que ese mismo cuerpo judicial ha emitido. Solo son parte de una pelea interna, dentro de la misma casta política que gestiona el Estado al servicio de los intereses del gran empresariado. | 
