Foto: EFE
Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular y ex director de la empresa pública Canal de Isabel II, ha sido detenido este miércoles al mediodía en el marco de la operación contra la corrupción de la citada empresa pública.
La investigación Lezo, como se le ha bautizado, está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Esta investigación busca esclarecer la finalidad de una serie de operaciones, sobre todo centradas en la compra de otras empresas en Latinoamérica, y si éstas tenían como finalidad el beneficio particular de algunas personas, entre ellas el ex presidente de la Comunidad de Madrid durante el 2013 al 2015.
La lista de delitos de los detenidos (otras 11 personas se suman a la detención de González) es más larga que el historial de imputados del partido de Mariano Rajoy, y eso que en estas fechas se cuenta a imputado por día.
Prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude o falsificación documental, son solo algunos de los delitos que pesan sobre Ignacio González y los suyos. Entre los detenidos más allegados se encuentra el propio hermano de González como presunto testaferro y Edmundo Rodríguez Sobrino, como hombre de confianza de Ignacio González y ejecutor de las operaciones en Latinoamérica.
Dentro de las “ventajosas” operaciones, hizo saltar todas las alarmas la compra de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes. A través de Inassa, filial del Canal de Isabel II, Sobrino gestionó como presidente ésta, la compra de Emissao por 21,4 millones de euros. Fuentes de la investigación aseguran que un mes después la empresa tenía un valor neto de 10.629 millones, y un año después su valor se redujo a 5.380 millones, según cuentas del propio Canal.
Junto a estas detenciones, el juez Eloy Velasco ha citado a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como testigo en esta operación. Junto a ella testificarán también como testigos, su mano derecha y Consejero Ángel Garrido, y su jefa de gabinete, Marisa González.
Un sistema corrupto de raíz
Los últimos acontecimientos (la propia detención de González o la futura comparecencia de Rajoy ante los tribunales por el caso Gürtel) no son hechos aislados o que se puedan circunscribir a una formación política, ni tan siquiera tan solo a la esfera de los partidos políticos.
Por supuesto que dentro de esta esfera se han sucedido una gran cantidad de casos de corrupción; caso ERE en Andalucía, el propio Gürtel, caso Muela de Aragón o el Malaya en Marbella, el caso Pretoria que salpicó la esfera política catalana o el “famoso” caso Bárcenas y la “caja B” del Partido Popular.
Pero como decimos, la corrupción no es puntual, aislada, ni tan siquiera una “trama” bidireccional entre empresarios y políticos. La corrupción es una característica sistemática de los gobiernos burgueses de la que participan todos los actores del Régimen, no hace falta echar la vista muy atrás para recordar el caso Nóos o las tarjetas Black.
Son todos los actores los que se benefician económicamente. Según un informe de El Confidencial, los costes de los casos de corrupción superarían los 6.000 millones de euros. Políticos, empresarios, jueces, Corona, y todo el andamiaje del Régimen del 78 se benefician de este sistema corrupto heredero del franquismo.
Para enfrentarla no basta con tibias reformas constitucionales, o medidas que busquen “acotar” los privilegios de estos sectores. Incluso cuando se han legislado estas escuetas medidas, ellos mismos son los primeros en saltárselas.
La lucha contra la corrupción a través de esas acciones de pequeñas reformas cosméticas del Régimen , no tienen beneficio alguno para la clase trabajadora y los sectores más explotados de la población, como se viene viendo. Es necesario que se levante un programa que plantee medidas más profundas que atacan el hecho de que todos estos sectores viven por fuera de la realidad de millones.
En este sentido, exigir que cada funcionario o cargo público, más allá del que ejerce de político (jueves, notarios, comisarios, etc...) cobre como un profesor o un trabajador medio, es una demanda que golpea radicalmente al carácter de casta privilegiada del aparato del Estado y desde una perspectiva de clase.
Pelear por que esta y otras demandas tales como la revocación de los cargos, el control democrático de los cargos públicos por parte de asambleas, etc, son salidas de raíz a la lacra de la corrupción a la que hoy pone cara el PP, pero que tiene realmente rostro del Régimen del78. | 
