El millonario fraude de Carabineros, que se ha popularizado como #Pacogate, actualmente asciende, según datos de la Fiscalía, a cerca de 16.500 millones de pesos, con un número cada vez mayor de involucrados, el cual hoy es de 44 imputados, la mayoría uniformados, quienes serían formalizados por asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos.
Este escándalo ha hundido a la institución en las encuestas, obligando al gobierno a tener que realizar declaraciones públicas en conjunto con el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, en las que han debido dar explicaciones a la prensa sobre la destapada corrupción en las filas de carabineros.
Este jueves 20, el ministro del Interior Mario Fernández, volvió a dar un espaldarazo a Carabineros declarando que pese al fraude “Carabineros debe seguir funcionando como si nada pasara, porque se deben a todos los chilenos, por lo que es esencial que el mando cuente con el respaldo político”.
Villalobos, como también el propio Fernández, pretenden que este escándalo se radique en los pocos miembros involucrados en el fraude, como si la propia institución no fuese la base para sentar camarillas, defraudación y corrupción.
Carabineros fue una institución clave en la represión obrera y popular durante la dictadura, pero también en la vuelta a la democracia, en donde hicieron gala de su tradición represiva en contra de trabajadores, mapuche y estudiantes. Muestra de lo anterior son los diversos casos de abuso policial, violencia y desapariciones, como el caso de José Huenante, Rodrigo Cisternas o Nelson Quichillao.
Una tradición ligada a la represión, a lo que ahora se suman las millonarias defraudaciones, se ha traducido en un mayor rechazo a la institución, sentimiento que recogen las principales encuestas del país. El carácter de Carabineros no es ser “del débil, el protector”, sino que todo lo contrario, son una institución de hombres armados al servicio de los empresarios que nos gobiernan, por lo que reformar dicha institución es una ilusión.
Las policías, por su carácter, han de ser desarmadas, no pueden reformarse, y la seguridad ha de ser tomada en las manos de la propia población que organice su propia defensa. De manera que se desarmen, conjunto a las fuerzas represivas, las redes de trata de mujeres y narcotráfico con las que convive esta institución. |
