Desde el Golpe militar de 1973, el derecho a la tierra y al agua se privatizó, junto con los recursos naturales, así como también las instituciones del sector público quebrantando los organismos de trabajadores y campesinos tras la imposición del terror en las ciudades y en el campo.
Con la Constitución en 1980, el agua se privatiza, mientras que el reconocimiento a las comunidades indígenas retrocedió otorgando el beneficio económico y legal a las empresas transnacionales para explotar recursos naturales en la zona.
En los años 1990, el proceso de reconocimiento de tierras vuelve a delimitar el territorio dando por resultado un reconocimiento lento a través de entregas de paños de tierras, ocasionando una fragmentación de las demandas territoriales de las comunidades y beneficiando nuevamente a las empresas mineras, hidroeléctricas y forestales que extraen aguas de los territorios demandados por las comunidades de la zona norte, centro y sur del país, inscritas como propiedad Estatal.
En la actualidad, hay un debate abierto hacia dónde apunta la reforma del Código de Aguas votada en noviembre del año pasado, en la cual se defiende la idea del actual modelo instaurado en 1981, quien entrega a los particulares el dominio absoluto del recurso y se focaliza en el uso productivo de las aguas.
Pero, ¿Cuál es la propuesta del Gobierno hacia la reforma del Código de Aguas? La propuesta del Gobierno es priorizar el consumo humano, evitar el acaparamiento, preservar el patrimonio ambiental del país y aumentar las potestades de la Dirección General de Aguas durante un máximo de 30 años para su otorgamiento, pero el cual fue modificado durante una indicación realizada el mes de abril este año hacia el favor nuevamenta hacia los empresarios agrícolas, reponiendo el carácter indefinido al recurso.
¿Cómo recuperamos y defendemos el agua para los trabajadores, campesinos pobres, pobladores y comunidades indígenas?
Rodrigo Mundaca, vocero de MODATIMA, indica en su artículo de opinión en CIPER sobre el aprovechamiento de las aguas por parte de distintas empresas nacionales e internacionales: "Hoy, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA."
Desde las distintas aristas de los movimientos sociales por el derecho al agua se ha levantado la discusión sobre la nacionalización de los recursos naturales y la estatización de éstos ante los conflictos con las empresas mineras, energéticas y de la industria.
La posición desde la nacionalización de los recursos naturales, radica bajo el argumento de la exigencia de "un nuevo marco regulatorio donde la soberanía del estado sobre el recurso hídrico regule el operar de la mega industria", el cual sólo hace referencia que las aguas sean controladas por empresas nacionales, donde no se hace mención hacia el carácter privado o público de su control y administración del recurso.
Por otro lado, quienes sostienen la posición de estatización del recurso hídrico plantean que el carácter del uso del agua debe ser público y garantizado por el Estado, expropiando del derecho de propiedad y uso del agua a las empresas privadas.Sin embargo, la demanda de estatización del derecho al agua queda debilitada si no se plantea el fin del Código de Aguas bajo la movilización de trabajadores, campesinos pobres, comunidades indígenas y pobladores.
Es por esto que la demanda de estatización del recurso hídrico debe ir junto con una Asamblea Constituyente Libre y Soberana desde la movilización, basada en los movimientos amplios de mujeres, trabajadores, juventud, estudiantes, pobladores, comuidades indígenas y originarias que cuestionan al régimen actual y la Constitución establecida en dictadura, donde la representación y posición política de los actores de base, que se han movilizado en las calles; asambleas; gremios y sindicatos, entran en disputa con la representación del régimen actual. En este sentido, la Asamblea Constituyente puede transformarse en la herramienta que necesita el conjunto de los explotados y oprimidos para amplificar esta lucha y desafiar los límites que imponen los políticos capitalistas. Una herramienta que con una perspectiva socialista, que permita avanzar hacia un gobierno de trabajadores y trabajadoras. | 
