Cabe destacar que la profesional trabaja como voluntaria en una organización católica que se opone al aborto y niega el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos.
Este caso pone en evidencia la intervención de profesionales católicos en instituciones públicas, violando el código de ética que no permite que se impongan creencias o ideologías en la práctica.
La provincia de Santa Fe adhiere al protocolo nacional de aborto no punible el cual permite la interrupción legal del embarazo en determinados casos. Sin embargo, se han registrado casos como el de Yamila donde las mujeres son castigadas por llegar al hospital por un aborto espontáneo.
Se considera que en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año. Como se trata de una práctica clandestina, no se poseen datos precisos y por eso la cifra es estimativa. Alrededor de 300 mujeres mueren al año por abortos clandestinos y unas 80.000 llegan a los hospitales por abortos mal realizados.
Si bien el proyecto de Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito se presenta desde el año 2003 en el Congreso de la Nación, ni el kirchnerismo ni el gobierno de Cambiemos están dispuestos a aprobarla ya que esto les generaría conflictos con la iglesia católica. Es fundamental que este derecho se garantice para que ni el Estado ni la iglesia católica puedan decidir sobre nuestros cuerpos.
La estudiante de la facultad de Psicología de la UNR Romina Alarcón, de la agrupación Pan y Rosas, declaró que “en la facultad de Psicología no está contemplada la problemática del aborto en el plan de estudios cuando la realidad nos muestra que mueren cientos de mujeres al año por ser una práctica clandestina e insegura”. A su vez, explicó que “en los programas de las materias que forman parte de la currícula tampoco está presente la perspectiva de género que nos prepararía como profesionales de la salud mental comprometidos con el contexto social que nos marca que hay un femicidio cada 18 horas”. | 
