Las llamadas “devoluciones en caliente” han estado en el centro de mira de las denuncias de numerosas ONG y colectivos de protección de los derechos de los inmigrantes. Son acciones que violan todos los tratados internacionales sobre inmigración y hasta la propia Ley de extranjería española.
Cuando un inmigrante cruza la valla de Melilla o accede por cualquier vía a territorio español, tiene derecho a solicitar asilo político o estatus de refugiado, e iniciar los trámites para solicitar una residencia permanente o temporal.
Los inmigrantes irregulares que son detenidos al cruzar la frontera son trasladados a un CIE (Centro de internamiento para Extranjeros), donde no pueden estar detenidos más de 60 días, durante los cuales debe iniciarse un proceso judicial para su deportación.
Las “devoluciones en caliente” se saltan todo ese procedimiento. Las fuerzas policiales que controlan la Valla detienen a los inmigrantes, después de pegarles con porras y hostigarlos durante horas, y los entregan ilegalmente a las autoridades marroquíes del otro lado de la frontera.
Esto, desde ahora, podría ser “legal”, de acuerdo a la enmienda que el PP introdujo en la Ley de Seguridad Ciudadana, que se tratará en el Congreso y que el gobierno podría aprobar gracias a su mayoría absoluta.
Toda la oposición parlamentaria ha cuestionado esta enmienda, que resulta contraria a derechos establecidos en la Constitución, en la propia Ley de Extranjería y en tratados internacionales.
A su vez, el Comisario de Inmigración de la Comisión europea reconoció que hay “preocupación” en Bruselas por el intento del gobierno español de legalizar estas prácticas.
La Ley de Seguridad Ciudadana pasará ahora para su tratamiento en el Congreso de diputados.
Diversas organizaciones llaman a movilizarse contra esta ley, llamada “Ley Mordaza”, que recorta las libertades democráticas, aumenta la criminalización de la protesta, y restringe los derechos de los inmigrantes.
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