El pasado viernes 14 de noviembre, Bolivia amaneció conmocionada tras conocerse la muerte de un bebé de 8 meses por presunta violación. La noche del día anterior el bebé “Alexander” (nombre ficticio) habría sido trasladado del Hogar “Virgen de Fátima”, casa de acogida donde se encontraba albergado, al Hospital del Niño por un “malestar estomacal provocado por un atragantamiento de leche”, sin embargo, ante la falta de espacio en terapia intensiva fue derivado al Hospital Juan XXIII lugar donde falleció e identificaron un sangrado en la cavidad anal de la criatura. Fue tal la conmoción que el equipo de fiscales designado para atender el caso, buscando disminuir la presión social y presumiblemente proteger a los responsables políticos de la atención de estos centros de acogida -en este caso la Gobernación- procedieron de manera inmediata a la aprehensión de 10 personas entre médicos, residentes, enfermeras, la cuidadora del albergue y la madre.
La indignación provocada por el terrible caso del bebé Alexander, pone en cuestión la decadente situación del funcionamiento y manejo de las casas de acogida, la deplorable situación del sistema de salud, así como la impunidad de la “justicia” boliviana, factores que en definitiva, profundizan la situación de vulnerabilidad de la cual son víctimas miles de niños y niñas, en particular los más pobres. La Gobernación es la instancia que administra los centros y casas de acogida. Un hecho que agrava aún más este aberrante caso, es que según fuentes de prensa, el gobernador de La Paz, Cesar Cocarico, habría tenido conocimiento (ya que varios de sus familiares trabajan en estos centros) de una serie de denuncias sobre la precariedad en los servicios de atención y de casos de abuso a menores.
Lo que comenzó como un caso policial se está transformando en un serio problema político para el partido de gobierno el MAS (Movimiento al socialismo), ya que incluso diputados de este partido comienzan a cuestionar la labor del gobernador con respecto a los centros de atención de niños y niñas. En este sentido, el diputado del MAS, Galo Bonifaz, informó que están investigando al gobernador por supuesto nepotismo en casas de acogida. El periodista Raúl Peñaranda en el periódico Página Siete grafica de esta manera la deplorable situación de la salud y la atención a los niños y niñas en la ciudad de La Paz: “(…) según un médico, fue trasladado al Hospital del Niño, cuyos médicos lo reanimaron mediante intubación. Pero para seguir el procedimiento necesitaban un respirador y el hospital tiene solamente siete, todos utilizados en otros niños en ese momento. Siete para una población de 200 mil niños de La Paz y El Alto. Tampoco tenía cunas disponibles y por eso fue despachado al Hospital Juan XXIII, donde finalmente murió. Los respiradores artificiales cuestan 10.000 dólares cada uno, pero el Hospital del Niño sólo tiene siete”.
Ante la gravedad de la situación en la salud, se suma la arbitrariedad del aparato judicial. Como señala el interno Elinar Roca: “El día viernes en horas de la mañana, miembros de la policía y varias otras personas se apersonan al Hospital del Niño para llevarlos por la fuerza al Equipo Médico (…) las declaraciones terminan y ya para horas de la noche llega el Abogado del Colegio Médico (Dr. Pérez) que hace las gestiones necesarias para que no pasen a celdas judiciales, cuando todo iba bien y se estaba logrando ese objetivo, llegan funcionarios de la Gobernación y con órdenes superiores de que se los tiene que llevar a Celdas Judiciales. Y como estamos en época pre-electoral y el albergue donde estaba el Niño es perteneciente a la Gobernación a estos políticos no les conviene que no se encuentren culpables y si los hay que no sean de su institución, es por eso que se los trata de inculpar al Equipo Médico”.
Todo esto ha provocado la movilización de todo el personal de salud. Tanto estudiantes de medicina como médicos y enfermeras se declararon en paro y anuncian nuevas medidas de presión al considerar que el equipo de fiscales busca imputar aceleradamente a las personas que tuvieron algún contacto con el niño, con objetivos políticos y criminalizando a quienes habrían intentado salvar la vida del bebe en condiciones verdaderamente difíciles. Este como muchos casos de feminicidios, muertes por abortos clandestinos y casos de violencia contra niños y niñas pone en evidencia que el tan mentado Vivir Bien de Evo Morales no ha llegado a la salud, ni a los servicios básicos de cuidado. Una situación económica favorable sin precedentes en la historia del país está conduciendo, por un lado, al enriquecimiento acelerado de grandes capitalistas y empresarios, así como la conformación de una nueva burguesía de origen popular, y, por otro, está alentando los sueños faraónicos del gobierno con mega proyectos como el desarrollo de la energía nuclear o un nuevo palacio de gobierno (La casa del pueblo) que costará 36 millones de dólares. Entretanto la salud de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo como lo evidencia el caso del bebé Alexander, deberá ser defendida una vez más en las calles por médicos, enfermeras y estudiantes. |
