Según Rosaly, las autoridades reubicarán a 27,000 estudiantes a otras escuelas y los cierres se implementarán a fin de este mes, cuando cierra el ciclo escolar.
Se han alzado voces de protesta que cuestionan que al definir la medida no se tuvo en cuenta la logística del transporte ni las necesidades de los que requieren educación especial, que representan 30% de los estudiantes puertorriqueños, el doble del promedio en el continente.
Lo cierto es que tanto los maestros como los alumnos y sus familias se verán perjudicados por esta medida del plan de austeridad de los organismos internacionales. Se perderán puestos de trabajo y también se degradarán aun más las condiciones de la educación pública.
Puerto Rico tiene un total de 1.292 escuelas públicas a las que concurren 365,000 estudiantes. La matrícula escolar disminuyó un 42% en los últimos 30 años y se pronostica una caída adicional de 22% en los próximos años, de acuerdo con un informe del Grupo Consultivo de Boston al gobierno anterior, para "ayudar" a reestructurar el sistema escolar de la isla. Así justifican este nuevo ataque contra la educación pública.
Con recortes al gasto social, como este a la educación, así pretenden descargar la crisis económica -creada por las administraciones estadounidenses, los empresarios y los gobiernos de la isla- sobre los hombros de la clase trabajadora y los sectores populares.
No está dicho que puedan hacerlo: la huelga nacional del primero de mayo muestra el camino de cómo enfrentar este ataque.
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