Casi tres años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y tras varias denuncias en donde se señalaban las irregularidades con las que la Procuraduría General de la República había intentado cerrar el caso, el diario El Universal publicó información que apunta a que el secretario de Gobernación, MIguel Ángel Osorio Chong, tuvo conocimiento del informe de la Visitaduría General de la PGR (el cual fue desechado casi de inmediato), en donde se concluía que se había torturado a los detenidos por el caso.
Según el diario, esta noticia originó una reunión con los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la PGR, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal, debido a que una investigación que probara irregularidades en el proceso podría derivar en la puesta en libertad de las siete personas detenidas por la desaparición de los normalistas.
Tortura a testigos y a presuntos implicados (constatada por informes del GIEI), diligencias ilegales en el río Cocula (en donde supuestamente fueron hallados restos humanos) y contradicciones entre los ministerios públicos son los elementos que han sido llevados a tribunales internacionales. La mayoría de estas violaciones al debido proceso fueron durante la investigación con Tomás Zerón de Lucio a la cabeza.
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Además de hacer un recuento de las irregularidades administrativas documentadas en el caso Ayotzinapa desde 2014, la investigación ofrecida por El Universal refiere una serie de testimonios es donde presuntos implicados en la desaparición de los 43 aseguran que su confesión fue bajo amenaza, dichos que podrían confirmarse con partes médicos que dan cuenta de las lesiones sufridas bajo custodia de las autoridades.
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Así mismo, se da cuenta de cómo es que la mayoría de las detenciones realizadas fueron irregulares y arbitrarias. En una acción de lo más cínica, han sido encontrados párrafos idénticos en las "confesiones" de quienes la PGR presentó como piezas "clave" en el crimen.
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Estas irregularidades no son nuevas para quienes desde 2014 hemos dado seguimiento al caso y a la serie de denuncias que han hecho los padres y familiares de los 43, quienes en repetidas ocasiones señalaron las faltas cometidas por la autoridad. Desechadas una y otra vez, las pruebas de tortura, que supondrían un giro drástico en la investigación, fueron expuestas desde hace mucho por la comisión investigadora de peritos argentinos y las autoridades mexicanas se negaron siempre a aceptarlas.
Funcionarios, policías, el Ejército, todos ellos han sido señalados por su responsabilidad en la desaparición de los 43, mientras padres y familiares de las víctimas continúan exigiendo verdad y justicia para los normalistas. | 
