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La Corte Suprema, tras el recurso de amparo presentado por la defensa del genocida y ex alcalde de Providencia, Cristian Labbé, optó por anular tres de los cuatro procesamientos en contra del ex alcalde de Providencia.
Dichos procesamientos, tal como hemos informado anteriormente en La Izquierda Diario, se deben a diversos casos de tortura cometidos por Labbé durante su ejercicio como agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), contra Jaime Rozas González, Bernardo Santibáñez Álvarez y Juan Horacio Rosales Quintana y Harry Cohen.
No obstante, debido a la resolución del máximo tribunal de justicia, sólo quedaría el caso de éste último.
Referido a esto, declaran en su resolución que: "La decisión del máximo tribunal asegura que no existen antecedentes de participación de Labbé en los tres delitos por los que fue revocada la decisión”.
Frente a esto, la defensa del genocida buscará obtener la libertad bajo fianza o la libertad provisional. En donde Labbé se encuentra en estos momentos recluido en el Destacamento de Montaña N° 8 Tucapel de Temuco. Esto debido a la orden interpuesta por el Ministro de causas de Derechos Humanos, Álvaro Meza. Cabe destacar que dicho regimiento fue utilizado como centro de tortura por efectivos del Ejército desde 1973 hasta 1975.
Referido a lo anterior, cabe destacar que los genocidas de la dictadura que han sido detenidos cuentan con televisores, canchas de tenis, atención de médicos, dentistas, psicólogos y kinesiólogos, a pesar de todos sus crimines y violaciones a los derechos humanos. Situación que contrasta con los reos comunes.
Hace tiempo, organizaciones de Derechos Humanos, políticas, sociales, familiares de ex detenidos desaparecidos, de asesinados, y el pueblo trabajador marcha todos los 11 de septiembre no solo para recordar ese fatal día, sino también para exigir cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas de la dictadura, sin ningún privilegio para los violadores de los Derechos Humanos.
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