Desde que asumió Cambiemos el gobierno nacional, las autoridades de nuestra Facultad, históricos miembros de la UCR/Franja Morada, se han visto envalentonados para avanzar en un plan que profundice los aspectos antidemocráticos del régimen universitario. Es así como a la vanguardia del resto de los establecimientos educativos, la decana y vicerrectora Nélida Cervone, con la ayuda de sus colegas y funcionarios que integran el Consejo Directivo, durante el año pasado avanzaron en recortar materias (Epidemiología), despedir docentes (Ética – cátedra I), cerrar comisiones (como en Problemas Antropológicos) y sancionar una reglamentación (resolución CD 397/16) que busca reducir la plantilla docente en base a criterios de “oferta y demanda”. Nada que envidiar al plan de ajuste que el Macrismo quiere para la educación pública, y que este año puso a la ofensiva con el conflicto docente que está abierto desde marzo.
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En este escenario, salió a la luz el dictamen del concurso de la Cátedra I de Historia de la Psicología, realizado entre el 17 y 19 de Abril, cuyos resultados abren varios interrogantes respecto al criterio implementado para la selección de los aspirantes por parte del jurado, compuesto por funcionarios del Consejo Directivo. En palabras del titular de la cátedra, Alejandro Dagfal: “En un concurso tan esperado, demorado por más de cuatro años, en el que participaban dos funcionarios de la actual gestión y en el que integraba el jurado el secretario de Consejo Directivo – Hugo Varela (NdE) - (es decir, otro reconocido miembro de la misma gestión), uno habría esperado el mayor de los cuidados por todos los aspectos reglamentarios, despejando cualquier tipo de suspicacias. Lamento profundamente que ése no haya sido el caso”.
Se refiere al hecho de que al observar el resultado final de la prueba que se tomó a los distintos candidatos, no quedan claros los criterios por los cuales el jurado determinó el lugar que ocupan los candidatos en el orden de méritos (ó ranking). En palabras de A. Dagfal: “prácticamente no se encuentran elementos que permitan justificar el orden de méritos en general y menos aún la diferencia en la ubicación de esos dos candidatos en particular (el 2º y el 11º -NdE). Es que las clases del 2º y el 11º aspirantes fueron consideradas similares. Sobre el 2º, sólo se dice que ´se expresó con claridad y solvencia sobre el tema propuesto´. Sobre el 11º, se agrega que ´plantea adecuadamente´ el tema, ´expone de modo claro´ y ´se apoya en bibliografía actualizada´ (incluso en ´lecturas de primera fuente´, en alemán, ´traducidas por el mismo aspirante´). Sobre las entrevistas, se dice que ambos respondieron ´satisfactoriamente a las preguntas del jurado´. ¿Dónde reside entonces la enorme diferencia que existe entre estos dos aspirantes en el orden de méritos? ¿En las propuestas docentes de investigación y extensión? También son consideradas igualmente satisfactorias”.
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Desde el año 2015 que a nivel nacional existe, pro primera vez, un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los docentes universitarios. Sin embargo, la UBA no adhiere al mismo y sanciona un convenio propio que mantiene en esencia la falta de regularización de las relaciones laborales. Este no es un debate menor en una Universidad donde alrededor del 70% de la planta docente es interina y no goza de estabilidad, y otra gran proporción (unos 10.000 docentes aproximadamente) se encuentra trabajando bajo el eufemismo de “ad honorem”, o sea, trabajando sin ninguna remuneración a cambio. Precariedad laboral a la orden del día, a la que se suma la antedicha Resolución 397/16 que promueve la distribución de cargos docentes a concursar en función de la cantidad de inscriptos en las cátedras, lo que indefectiblemente repercute en la calidad educativa, afectando a las materias con un contenido ideológico y/o político disidente al que quiere orientar la formación las autoridades de la Facultad, que se ven reducidas a planteles docentes cada vez más pequeños, promoviendo el conservadurismo en las ideas, a la inversa de la pantalla de “excelencia académica” con la que el EDI/Franja Morada, brazo estudiantil de la gestión, quiso presentar la aprobación de la medida. Mención aparte merece la conducción del centro de estudiantes de El Impulso (Libres del Sur, La Mella, El Brote) que ha sido indiferente a estos ataques, ya que a lo largo de todo el año pasado, y en especial, durante el segundo cuatrimestre del 2016 de cara a las elecciones del Centro de Estudiantes, no ha dicho nada al respecto sobre al resolución. El que calla otorga, dicen.
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Si el rectorado, del que Nélida Cervone forma parte, considera que es intolerable que se entrometa el Convenio Colectivo de Trabajo en los criterios de ingreso, permanencia, promoción y extinción de la relación laboral; es porque las camarillas del PJ y la UCR que hoy dirigen la UBA consideran que sólo así podrán seguir haciendo negocios con la educación pública y la distribución de cargos, como lo reflejan los $170.000 que cobra por mes nuestra decana.
Para acabar con estos mecanismos, desde en Clave Roja (PTS+independientes), al frente de la Secretaría General del CEP, consideramos necesario cuestionar los estatutos de las universidades que defienden órganos de gobierno con mayoría (absoluta, generalmente) para el claustro de profesores, relegando a las mayorías estudiantiles, el sector históricamente más combativo, a una minoría subordinada, convirtiendo en “ciudadanos de segunda” a los mal llamados auxiliares docentes y privando de derechos políticos a los trabajadores no docentes. Se vuelve imperioso democratizar la Universidad, construir un co-gobierno con mayoría estudiantil (la inmensa mayoría de quienes habitamos la Facultad), claustro único docente y voto para los no docentes, así como cátedras paralelas y libertad de pensamiento para superar la “falsa pluralidad ideológica actual”.
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