El Ministerio de Transporte, dirigido por Guillermo Dietrich, publicó una resolución en la que autoriza la concesión durante 15 años de 16 rutas áereas (14 de cabotaje y 2 internacionales) a la empresa aérea colombiana Avianca.
Cuando se oficializaron las concesiones a numerosas aerolíneas en febrero, Avianca tuvo que esperar. El motivo: no hacía mucho tiempo se había realizado el traspaso de la empresa aérea MacAir, propiedad de la familia Macri, a la empresa colombiana.
El mal llamado "conflicto de intereses" desembocó en la decisión del fiscal Jorge Di Lello de imputar al presidente, horas previas a la apertura de las sesiones legislativas de este año.
El 1 de marzo, Di Lello imputó al Presidente, Mauricio Macri; su padre, Franco Macri; al secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; al ministro de Transporte, Dietrich; al titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin, entre otros, por la posible comisión de los delitos de "asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias".
La Oficina Anticorrupción, a cargo de la funcionaria macrista Laura Alonso, y la Sindicatura General de la Nación, fallaron a favor de la concesión de las rutas aéreas. La Oficina Anticorrupción determinó que "a la fecha de inicio del procedimiento (de adjudicación de rutas) ni el Sr. Presidente de la Nación ni sus familiares poseían interés económico en la sociedad McAir Jet SA".
Así, a pesar de que la investigación judicial propiciada por el fiscal Di Lello sigue abierta, el Ministerio de Transporte decidió fallar a favor de la concesión de las rutas áereas a Avianca, que comenzaría a operar en unos 90 días. | 
