Hominicios, pobreza extrema, violencia a manos de pandillas o del narcotráfico y fuertes índices de desplazados son las condiciones que vive la gran mayoría de la población en los países del llamado Tríangulo Norte, formado por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Este jueves Médicos Sin Fronteras (MSF), organización con presencia en México desde 2012, presentó el informe “Forzados a huir del Triángulo Norte de Centroamérica: una crisis humanitaria olvidada” basada en diversas encuestas y consultas a migrantes centroamericanos que visitaron albergues durante su trayecto hacia Estados Unidos.
Los resultados que se exponen son verdaderamente alarmantes. Pues ponen en evidencia que el 92% de los migrantes y refugiados atendidos por MSF en 2015 y 2016 han sufrido algún tipo de violencia en su país de origen o durante la ruta que atraviesa México, el cual es uno de los corredores migratorios más activos del mundo, por el que pasan cada año unas 500.000 personas.
Las razones para emprender el viaje hacia México y con destino a los Estados Unidos tienen que ver con que el 43% de los encuestados afirman haber perdido algún familiar por la ola de violencia, por lo menos en los dos últimos años a su partida. En el caso de El Salvador este porcentaje se eleva al 56’2%, mientras que existe un 60% de mujeres en alarmante exposición a enfrentar abusos sexuales durante el viaje.
Las mujeres entrevistadas y atendidas por MSF afirman que “los perpetradores de la violencia son parte de bandas del crimen organizado, así como agentes de las fuerzas de seguridad mexicanas.
Según cálculos realizados por MSF a partir de la información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se indica además que a pesar de que existe una crisis humanitaria que afecta a la población que huye de la violencia en Centroamérica, las concesiones de asilo a personas de esta región en Estados Unidos y México son pocas o nulas, ya que el marco legal existente no garantizar las mínimas medidas de protección efectivas a las víctimas.
Los migrantes son forzados a huir de sus países de origen, pero además son tratados como “migrantes económicos” por los países donde buscan refugio, como México o Estados Unidos. Así, en 2016, México concedió el asilo a menos de 4.000 personas de El Salvador, Honduras y Guatemala, al tiempo que expulsaba a 141.990 centroamericanos. En cuanto a Estados Unidos, según ACNUR, a finales de 2015, 98.923 personas del Triángulo Norte de Centroamérica habían presentado una solicitud de refugio o asilo; en comparación, el número de asilos concedidos ha sido bajo, con solo 9.401 desde 2011.
Hondureño, 30 años. “Yo soy de San Pedro Sula. Tenía un taller. Las bandas querían que les pagara la protección pero me negué y entonces quisieron matarme. Primero me amenazaron: me dijeron que, si no pagaba, se cobrarían de mi sangre y la de mis hijos. En mi país, es normal matar. Te avisan y después te matan; no juegan.
Pero este panorama se ha recrudecido en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a finales de 2015 de las casi 100.000 personas que presentaron solicitudes de refugio o asilo, sólo se concedieron 9.401 asilos en los últimos seis años.
MSF ha solicitado a los gobiernos de México y Estados Unidos apoyo de organizaciones internacionales para la implementación de medidas de protección y que cesen de inmediato las deportaciones sistemáticas de personas procedentes de Centroamérica. La respuesta ha sido todo lo contrario.
La política aplicada tanto por México como por Estados Unidos ha sido la de reforzar las fronteras para detener el flujo migratorio. Para ello, llevan a cabo el Plan Fortaleza, un acuerdo entre países centroamericanos, con México y Estados Unidos para blindar la frontera México-Guatemala por medio de la presencia del Comando Sur en la región.
La salida para estos gobiernos es una mayor injerencia militar, sobre la base de una mayor sumisión de los gobiernos latinoamericanos a los intereses de Trump. Mientras esta medida se lleva a cabo, el ejército mexicano es protagonista de una nueva masacre, comparable a los hechos ocurridos en el último periodo; a la masacre en Tlatlaya, el asesinato de maestros en Nochixtlán y la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa, le sigue los hechos ocurridos en Palmarito, Puebla, donde civiles son asesinados por militares.
La organización MSF ha avanzado en señalar las cifras sobre la situación de los migrantes que cruzan el territorio mexicano. La denuncia sobre estas condiciones exige una respuesta contundente por medio de la movilización en los países centroamericanos y en México, donde millones de familias trabajadores y de las clases populares han visto amenazada su calidad de vida; con reclutamiento forzado ente la presencia de grupos armados o del narcotráfico, desaparición forzada y asesinatos. Esta situación es el pan de cada día, por la que es urgente levantar un movimiento internacionalista en ambos lados de la frontera para evitar una escalada mayor en esta crisis humanitaria.
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