En la madrugada del 27 de septiembre,policías municipales de Iguala, Guerrero, atacaron a estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El resultado del ataque fueron seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos. A dos meses de estos hechos, las investigaciones se encuentran “estancadas” y el gobierno federal da fuerza a la versión de que los estudiantes están muertos.
El crimen se difundió por redes sociales y desenmascaró al gobierno de José Luis Abarca, perredista gobernante de Iguala que mantenía fuertes lazos con el crimen organizado. El gobierno fue cuestionado a nivel nacional y para hoy la crisis de credibilidad ha alcanzado al conjunto del Estado.
A nivel internacional el sentimiento de indignación por el caso Ayotzinapa fue creciendo y decenas de países se han sumado a las manifestaciones.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue el detonante para la población mexicana que ya sufría las reformas estructurales.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido ineficiente y brutal, después de que el gobierno de Guerrero se declarara incompetente para dar solución al caso, el gobierno federal absorbió la investigación y tras semanas sin respuestael 7 de noviembre Jesús Murillo Karam, procurador de la república, presentó ante la sociedad su versión sobre la desaparición y muerte de los estudiantes. Para ellos, los estudiantes fueron asesinados y después calcinados en un basurero de Coculla, Guerrero.
El gobierno federal ha mantenido y reforzado su posición acerca de la muerte de los estudiantes, sin embargo, muchas fallas y omisiones se han hecho evidentes en la investigación, los padres de los normalistas desaparecidos no creyeron nada. Tanto la sociedad civil como distintas organizaciones de derechos humanos han hecho públicas estas fallas, pero el gobierno federal, impotente para resolver estos reclamos, no ha dado respuesta o aclaraciones sobre ellas.
El cuestionamiento y descrédito del gobierno de Enrique Peña Nieto crece y se manifiesta en las calles mexicanas, las protestas se han vuelto masivas al paso de las semanas, y más sectores se han sumado a las Acciones Globales en Solidaridad con Ayotzinapa.
El gobierno federal responde con represióny detenciones arbitrarias a las movilizaciones contra su mandato. El pasado 20N en el marco de las movilizaciones en el Zócalo capitalino, en medio de una provocación por militares, fueron detenidas 15 personas de manera arbitraria. Miles de “granaderos” desplegaron un operativo para dispersar a los manifestantes y golpearon por igual a mujeres, hombres y niños.
La presidencia de la república anunció que utilizará la fuerza pública para “controlar” las manifestaciones por todo el país. Hoy mismo, cumpliéndose dos meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, y con grandes movilizaciones programadas, elementos antimotines de la Policía Federal arribaron a Chilpancingo para “reforzar” la seguridad del estado.
Y aunque no han aparecido, los normalistas hoy están más presentes que nunca. Las calles de México se han llenado de indignación y rabia, la consigna por la renuncia del presidente Peña Nieto es cada vez más fuerte y a dos meses de la masacre, las mexicanas y los mexicanos no bajamos los brazos. Es necesario que caiga Peña Nieto para imponer una solución desde abajo a los grandes problemas nacionales, fundamentalmente la solución al caso de los normalistas de Ayotzinapa. | 
