En octubre del 2016 la ministra de salud bonaerense, Zulma Ortiz, firmaba una resolución que adhería al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo” elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación en 2015.
Sin embargo, cuando todavía no había pasado una semana, María Eugenia Vidal dejaba sin efecto la resolución.
El día de ayer, la gobernadora bonaerense volvió a hacer declaraciones sobre el tema. Consultada por el periodista Ernesto Tenembaum en Radio con vos, expresó: “No creo que las mujeres, por ocupar cargos públicos, estemos obligadas a despenalizar el aborto”.
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Respecto al protocolo, aclaró: “No lo anulé, lo suspendí”. Además argumentó que el mismo “no era una normativa, sino una recomendación que estaba publicada" y que habría que discutir con los gremios médicos para contemplar “la objeción de conciencia”.
Vidal, formada en la Universidad Católica Argentina, sigue en esta problématica el camino trazado por los gobiernos kirchneristas. La funcionaria, de hecho, se amparó en que también Cristina Kirchner se manifestó públicamente en contra de la legalización del aborto para concluir que “no tiene nada que ver con la pertenencia partidaria, es de conciencia”.
Aborto no punible: historia y actualidad de un derecho elemental
En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificaba unánimemente la no punibilidad del aborto en casos de violación, sin necesidad de autorización judicial y eliminando cualquier sanción penal. En su fallo, asentaba que los abortos no punibles fueron “legislados en nuestro país desde la década de 1920” pero que distintas trabas impuestas para su práctica, volvía “oportuno y necesario ampliar los términos de este pronunciamiento”.
Hoy, noventa y seis años después de que esto fuera incorporado al Código Penal argentino, los funcionarios y legisladores de partidos patronales como Cambiemos, el Frente Para la Victoria y el Frente Renovador, la Justicia y el lobby de la Iglesia católica, continúan obstruyendo su aplicación.
Aun posteriormente al fallo de la Corte Suprema de 2012 se siguen imponiendo distintas restricciones que no están contempladas en el cuerpo de la ley. Un tercio de las provincias no cuenta con una guía de atención y el otro tercio tiene sus propios protocolos, que incluyen desde la petición de autorización judicial y pruebas, hasta la intervención de comités de ética o autoridades hospitalarias. Sólo la movilización en las calles puede lograr que la ley no se convierta en papel mojado. Lo que está en cuestión es la vida de las mujeres. | 
