Victoria Basualdo Investigadora Flacso
Con las salas principales del Instituto 15 de Campana colmadas de estudiantes, trabajadores, militantes de organizaciones sociales y de derechos humanos y extrabajadores de Dálmine-Siderca, se presentó el estudio “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado” (Infojus, 2015, Editorial de la Universidad Nacional de Misiones, 2016).
El trabajo fue realizado en común entre 2014 y 2015 por el Área de Economía y Tecnología (AEyT ) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Argentina), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Se trata de una publicación en dos tomos (que se pueden leer online acá y acá) que sintetiza la investigación orientada a recabar información y analizar la actuación durante la dictadura cívico-militar de 25 empresas como Fiat, Ford, Mercedes Benz, Acindar, Techint, Lozadur, Cattáneo, Grafanor, Molinos Río de la plata, Ingenio Concepción e Ingenio La Fronterita, Ingenio Ledesma, Minera Aguilar, La Veloz del Norte, Alpargatas, Frigorífico Swift, Petroquímica Sudamericana, Astilleros Río Santiago, Loma Negra, La Nueva Provincia y Las Marías.
Victoria Basualdo, historiadora e integrante de la mesa de coordinación del estudio que llevó un año y medio de investigación, inició la exposición contando brevemente el proceso de radicalización política de la clase obrera en aquellos años, como sujeto histórico que se proponía hacer un cambio radical socio-económico con militancia política y sindical en las fábricas.
Para la investigadora del CONICET y del AEyT de Flacso este elemento es fundamental para entender la brutal represión aplicada al movimiento obrero mediante el terrorismo de Estado ejecutado por el ‘partido militar’ y sus aliados y cómplices civiles y eclesiásticos. Basualdo repasó el cambio profundo que produjo la dictadura en la estructura socio-económica, revirtiendo el plan de sustitución de importaciones que se venía aplicando desde los años 30, llevando adelante, en un contexto de profundos cambios a nivel internacional, un proceso de desindustrialización y reestructuración económica, que se combinó con una brutal pérdida de derechos laborales como el derecho a huelga, de organización sindical y de manifestación.
Este marco histórico fue el que llevó al equipo de investigación a estudiar el rol empresarial en ese proceso, partiendo de la premisa de “complicidad patronal con las fuerzas armadas” y que, tras el análisis de los documentos y testimonios recabados, derivó en la definición de que en verdad hubo “diversas formas de participación directa de algunos sectores empresariales en la represión a los trabajadores durante la dictadura, es decir que en hubo corresponsabilidad de otros actores civiles, en particular de estos sectores del poder empresarial, en la comisión de estos delitos de lesa humanidad”.
La responsabilidad documentada
Basualdo expuso que a pesar de que las empresas tenían distintas características, se pudieron identificar operatorias comunes en gran parte de ellas. Por ejemplo planteó que “en el 88 % de las 25 empresas investigadas hubo secuestro de trabajadores en el propio establecimiento laboral […] En el 76 % de los casos hubo entrega de información privada confidencial de la empresa sobre los trabajadores y sobre los delegados a las fuerzas represivas […] En el 72% de los casos hubo presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento a los trabajadores en el espacio de trabajo […] En el 68% de los casos hubo participación de oficiales de las fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos de las empresas […] En el 60% de los casos pudimos documentar la existencia de agentes de inteligencia infiltrados en las fábricas […] en el 56 % de los casos pudimos documentar la existencia de grandes operativos militares en los predios fabriles […] en muchos casos el mismo día del golpe”.
A su vez la investigadora afirmó que “en más de la mitad de los casos pudimos documentar la participación directa de los empresarios en este proceso, ya sea en la detención de trabajadores donde directivos entregaban trabajadores a los militares, en otros casos se documentó la presencia de funcionarios de la empresa en los momentos de tortura”.
Incluso la investigación detectó que en el 48% de los casos las patronales habilitaron “instalaciones para el acantonamiento de las fuerzas represivas dentro de las propias empresas, y se registraron otros fenómenos como aportes económicos a las fuerzas represivas, uso de vehículos de las empresas en los secuestros de trabajadores (en un 40 % de los casos estudiados), control militarizado del ingreso a la planta, pedidos de detención de trabajadores o de presencia militar en planta, entre otros. Finalmente, en un 24 % de los casos, es decir en 5 de los 25 casos, se dió la cuestión más extrema que registramos: la presencia de centros de detención y tortura de trabajadores dentro de los propios espacios fabriles […] son los casos de Acindar, La Veloz del Norte, Astilleros Río Santiago, el Ingenio La Fronterita y el caso de Ford”.
Recuperar la historia para cambiar el presente
Otro punto importante de la exposición de Basualdo en la presentación de la investigación destacó que “recuperar estas historias de la represión hoy, nos permite visualizar algunos sujetos que son muy difíciles de ver, porque son sujetos que fueron alcanzados en forma insuficiente por este proceso de justicia que sí permitió probar las responsabilidades de las fuerzas armadas y no ha logrado aún alcanzar cabalmente a sectores que hoy de hecho, y a pesar de responsabilidades muy importantes en la violación de los derechos humanos, marcan el rumbo económico y social”.
En ese sentido, destacó la existencia de numerosas causas abiertas que conciernen directa o indirectamente a la participación de empresarios en la represión, y la condena en marzo de 2016 al empresario Marcos Levín, dueño de la empresa de transportes “La Veloz del Norte” por la represión a uno de los trabajadores de su empresa, pero también las enormes dificultades para avanzar en muchas de esas causas, que se encuentran demoradas, con irregularidades o fuertes resistencias.
Sobre el final, la investigadora remarcó que el terreno judicial no es el único, sino que también es fundamental el trabajo de investigación, la reconstrucción histórica y los espacios de memoria y organización. Sostuvo al respecto que “recuperar esta historia, recuperar estas dimensiones, con todo el trabajo que llevó, es sólo un paso ,que nos permite abrir una puerta a todo lo que nos falta. Nos falta muchísimo. Creemos que es fundamental seguir profundizando estas dimensiones para poder comprender cabalmente esta historia y poder transformarla hacia adelante”.
La represión en Siderca
La segunda parte de la presentación estuvo a cargo de Alejandro Jasinski, historiador de la UBA, quien basó su presentación en la actuación de Techint en la fábrica de tubos Siderca durante la dictadura. Los trabajadores de la fábrica venían logrando varias conquistas como las 6 horas de trabajo para el sector Acería por insalubridad, la defensa del oficio contra la multiplicidad de tareas que quería imponer la empresa. En el año 74 había sido electa una comisión interna plural con miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), del ’peronismo ortodoxo’, de la burocracia de la UOM y del Partido Comunista.
Para barrer con este activismo obrero y sus conquistas es la patronal toma el rol activo en el terrorismo de estado, donde directivos de la empresa señalaron y facilitaron el secuestro de trabajadores. La empresa de los Rocca financió y facilitó la ubicación de los centros clandestinos de detención.
Alejandro Jasinski, historiador de la UBA
Sin dudas el aporte de la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” es muy cualitativo. Y particularmente su presentación en Campana, donde Techint tiene su coloso metalúrgico Siderca, es un hecho político y social digno de remarcar.
Vale recordar que Techint es una multinacional de origen argentino que creció y se transformó en un pulpo capitalista gracias a la “ayuda” sistemática del Estado, desde sus inicios a la actualidad. Ya sea con los negociados de la obra pública, la estatización de su deuda privada o las leyes de flexibilización laboral, todos los gobiernos fueron sus benefactores. Así como Mauricio Macri en su reciente visita a Estados Unidos fue parte de la inauguración de una planta del grupo de Paolo Rocca, fueron los gobiernos kirchneristas (al igual que sus antecesores) quienes no revirtieron nunca los derechos arrancados por la dictadura y que incluso “bancaron” los ataques patronales a los trabajadores que se organizaron para enfrentarlos. Lo que demuestra que, más allá de los discursos de los “derechos humanos”, a la hora de defender los intereses capitalistas no importa si los aliados tienen las manos manchadas con la sangre de miles de obreros.
Como se dijo en más de una oportunidad y es una verdad irrefutable, la dictadura cívico-militar tuvo el objetivo de consumar un genocidio de clase para beneficiar a un puñado de capitalistas nacionales y extranjeros. La investigación que se presentó en el Instituto 15 de Campana y que se recomienda leer atentamente, no hace más que aportar documentos y conclusiones que lo reafirman. |
