Mientras el Poder Ejecutivo asegura estar trabajando en una nueva ley de medios de la cual nada se sabe, este jueves se presentó públicamente en el Congreso Nacional el anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes, en cuya elaboración participaron especialistas en la materia como Martín Becerra, Guillermo Mastrini, Guillermo Goldstein y Danilo Lujambio.
A sala llena, los especialistas fueron respondiendo las consultas que se plantearon desde diferentes sectores en una jornada que contó con la participación de medios sin fines de lucro, universitarios, de la Defensoría del Público, representantes de pequeñas empresas dedicadas a la radiodifusión, feministas, documentalistas y realizadores cinematográficos, entre otros.
La diputada Alicia Ciciliani (presidenta del bloque Socialistas e impulsora del documento) dijo en la presentación que la próxima semana se ingresará el proyecto al Parlamento, que será girado, una vez conseguidas las firmas correspondientes, a las comisiones de Presupuesto, de Libertad de Expresión y de Comunicaciones. “Nuestra voluntad es discutir este proyecto, en el cual venimos trabajando hace más de un año, con el resto de los bloques y con los diferentes actores implicados”, afirmó Ciciliani.
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Claves para conocer el nuevo proyecto
El anteproyecto recupera debates de diferentes actores sociales, políticos y económicos de las últimas décadas en torno a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y la cultura, el acceso universal a las comunicaciones y la competencia económica.
Según Martín Becerra, “el proyecto es convergente e integra el sector audiovisual, de telecomunicaciones y conectividad a Internet. En esto se diferencia de todas las leyes, decretos y otras normas previas incluida la Ley N° 26.522 sancionada en 2009 y actualmente en vigencia”.
El especialista destacó los siguientes ejes del proyecto de ley:
El anteproyecto propone la creación del “Ente Federal de Comunicaciones Convergentes”, órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones, descentralizado y autárquico, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Tiene como función promover el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, prevenir y desalentar las prácticas monopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias y/o de abuso de posición dominante, adjudicar, prorrogar y declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones, aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento de la presente ley, entre otros temas.
Se regularían los servicios de provisión de contenidos con independencia de la forma o tecnología con que lleguen a cada hogar (aire, cable, satélite, internet). A los servicios de provisión de contenidos no lineales (video on demand, Netflix y Spotify) se les exige que en sus catálogos haya una cuota de producción nacional.
El proyecto prevé ampliar el alcance de la defensoría de las audiencias contemplando además a los usuarios y usuarias de servicios de telecomunicaciones y de conectividad a internet. La Defensoría de Audiencias y Usuarios de Servicios Convergentes tiene asiento en el Directorio del Ente regulador con voz y sin voto en los temas que competan a su área de intervención.
Se plantea la reserva del 33 % de las frecuencias audiovisuales con uso de espectro para organizaciones sin fines de lucro en cada una de las localizaciones
El anteproyecto prevé, al igual que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 sancionada en 2009 y vigente actualmente, la reserva de frecuencias de AM y FM para emisoras de pueblos originarios, Estados provinciales y Ciudad de Buenos Aires. En relación a los medios públicos, Becerra aseguró que “la institucionalidad de los medios públicos merece una profunda revisión. Se intenta asegurar acuerdos que superen la lógica facciosa”.
Para finalizar Becerra destacó lo importante que es avanzar con una Ley de Comunicaciones Convergentes a pesar de la velocidad con la que este tipo de regulaciones quedan atrasadas en materia tecnológica, “toda ley en esta materia nace rezagada, no nos asusta la chicana de que el congreso legisla para tras, creemos que estamos legislando sobre el presente con una vocación y unos objetivos de integración, de inclusión y de democratización. La ley plantea mecanismos de actualización en función de la evolución de las tecnologías”, afirmó el especialista.
¿Qué pasó con la “Ley de Medios”?
Hace poco más de una semana se cumplieron 500 días del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267, mediante el cual el Gobierno de Mauricio Macri creó el Ente Nacional de Comunicaciones. Este decreto es sólo un ejemplo de la cantidad de intervenciones que durante el último año y medio sufrió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, N° 26.522.
Anteriormente el macrismo había firmado el Decreto 13/15 que modificó la Ley de Ministerios dándole lugar al Ministerio de Comunicaciones. Este nuevo ministerio asumió la competencia de supervisión y controlador de Afsca y Aftic, subordinando ambos organismos. Tiempo después llegó el Decreto 267/15 que estableció la disolución de Afsca y Aftic y su reemplazo por Enacom.
Los medios comunitarios recordaron estos 500 días con una radio abierta y Microfonazo frente al Enacom, donde exigieron la aplicación efectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, repudiaron el decreto 267 firmado por Mauricio Macri, evidenciaron los retrasaron en los pagos de los concursos ganados (Fomeca), denunciaron que se han rechazado sin argumentos licencias concursadas en el sector, la judicialización a comunicadores y comunicadoras, y el decomiso de radios en el partido de La Matanza.
A pesar de la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo al Ejecutivo acerca de la necesidad de establecer una normativa clara para las comunicaciones, más de un año después no existen propuestas concretas por parte del Gobierno.
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