Ni es novedad, ni sorprende. El mecanismo de elección de los integrantes para la nueva Asamblea Constituyente responden a todo un entramado que de manera tal el chavismo se garantizaría una mayoría de los representantes, incluso suponiendo que los partidos mayoritarios de la oposición aglutinados en la MUD decidieran presentarse.
Desde el Palacio de Miraflores, Maduro anunció que el proceso será “municipalizado” y “territorializado”. Según sus declaraciones, los representantes a la Constituyente serían elegidos mediante "voto universal, directo y secreto" y en "ámbitos territoriales y sectoriales". De acuerdo al decreto, 364 serán elegidos mediante comicios "territoriales" tradicionales: dos en cada municipio capital en los 23 estados y uno en cada uno de los 335 municipios del país, con excepción del municipio caraqueño Libertador, donde serán electos siete representantes. Asimismo, los pueblos indígenas escogerán ocho diputados que integrarán, junto a los 364 territoriales, la Asamblea Constituyente.
También se elegirían constituyentes sectoriales, que se dividirán en ocho grupos conformados por trabajadores, campesinos y pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionistas, empresarios y comunas y consejos comunales. Los registros de estos sectores el CNE deberá solicitarlos a las instituciones oficiales, y su número se obtendrá entre el cociente del Registro Electoral de cada sector y el factor obtenido para calcular los constituyentes sectoriales, es decir, un constituyente sectorial por cada 83 mil electores. La ANC se instalaría en las 72 horas sucesivas a la proclamación de los electos. De acuerdo a la conferencia de Maduro, ningún elector podrá estar en más de un registro sectorial y que todas estas agrupaciones escogerán a sus constituyentes "en listas nacionales mediante el principio de representación mayoritaria", salvo las comunas y consejos comunales donde la selección se hará "regionalmente".
Al ser los diputados electos por municipio nominalmente y por mayoría, un constituyente de un pequeño municipio de cinco mil habitantes tendrá el mismo peso de un municipio que supere los cien mil habitantes, mostrando así, desde el comienzo, la enorme desproporcionalidad del peso de cada representante, con un mismo poder de decisión. Para mencionar solo alguna de las curiosidades, estados como Zulia y Miranda –dos de las mayores entidades del país- tienen el doble de la población del estado Táchira pero menos municipios, y el municipio de Maroa en el estado Amazonas apenas supera los 2.000 habitantes, mientras que el municipio Sucre en el estado Miranda tiene casi 657 mil habitantes, sin mencionar al municipio Libertador –en la capital- que tiene más de dos millones de habitantes.
Es sabido que hacia los pueblos pequeños del interior, el chavismo siempre ha tenido más peso, no así en los municipios de las grandes concentraciones urbanas. Pero este mecanismo no extraña, ya que en el pasado reciente el gobierno modificó las proporciones de la representación en algunos estados y municipios para favorecer aquellos donde tenía mayor peso, esta vez, con el argumento del “carácter comunal” y “territorial”, puede tratarse de un salto en este sentido, buscando sobrerepresentar las zonas del país donde tiene mayor apoyo, en detrimento de otras.
Sin hacer una gran lectura de los que serían electos sectorialmente, basta con preguntar cómo se define que un elector es del sector “trabajadores” en todo el territorio del país, ¿qué base “institucional” determinará eso y en base a qué criterio?, lo mismo se puede preguntar por los demás sectores como los campesinos; incluso entre los estudiantes donde el gobierno tiene un enorme registro en las misiones educativas, entre otros, exceptuando el sector de los pensionados. Pero basta con mencionar que las comunas y los consejos comunales constituyen organismos cooptados y controlados desde el Estado por el chavismo, y los que salgan de allí, es más que una obviedad que responderán al gobierno. De tal manera que el carácter “sectorial” que propone el gobierno, lejos de ser un giro hacia algún tipo de poder verdadero para los trabajadores, campesinos y sectores populares, no puede ser más que la colocación de representantes filtrados a través de estas instancias del chavismo.
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Pocas horas después del discurso oficial de Maduro, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a comicios para gobernadores y consejos legislativos regionales el 10 de diciembre próximo, proceso que estaba pendiente desde finales del año pasado. En uno de sus últimos comunicados oficiales del año pasado, octubre, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, había anunciado que dichos comicios se realizarían en el primer semestre del año en curso. Luego, como un as de la manga, plantearon que los partidos políticos tenían que revalidarse, que no era otra cosa que darle más tiempo al gobierno para sus políticas dilatorias. Por eso es que afirmó esta vez que se decidió esta fecha después de que casi culminaran "el proceso de validación de las organizaciones con fines políticos" en el que ese organismo ha "venido trabajando en los últimos meses en cumplimiento en la sentencia de octubre de la sala constitucional" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Con respecto a la Constituyente, la presidenta del poder electoral afirmó que se reunirá con el fin de aprobar el calendario para estos comicios y elegir a los 540 representantes de la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro en una votación que ese organismo espera realizar en julio próximo. "He convocado a una sesión para el día jueves (...) para aprobar ambos cronogramas para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, trabajando, como dije, para una fecha hacia finales del mes de julio…”.
Pero no sería de extrañar que las elecciones a gobernadores terminen siendo nuevamente postergadas bajo el pretexto que la Constituyente se encuentre sesionando, o que tal Constituyente así lo determina para no “obstaculizar sus funciones”. La pasada Asamblea Constituyente de 1999 duró prácticamente seis meses, y eso que Chávez tenía apuro en que terminara de aprobar una nueva Constitución. Pero ese no es el apuro de Maduro, quien ya puso como ejemplo los tiempos que duraron los procesos semejantes de Brasil o Bolivia, que llevaron alrededor de dos años.
Por todo esto, el anuncio de elecciones a gobernadores, justo el mismo día y a pocas horas del decreto de Maduro, puede sonar más a cortina de humo, en el marco de la deriva bonapartista del gobierno, que busca una sobrevida política y mantenerse en el gobierno recurriendo a todo tipo de medidas.
El gobierno dice que esta Constituyente sería una expresión de mayor democracia y del poder constituyente, sin embargo, hay que tomar en cuenta, como ya lo hemos afirmado, que tal proceso de Constituyente se hará bajo el “estado de excepción”, el creciente despliegue represivo y militar y con el control autoritario desde el gobierno y el PSUV, con la exclusión de figuras de la oposición de derecha pero también de la izquierda, a la que se le viene negando la personería jurídica, como a MS o el PSL producto de la ley de renovación de partidos políticos, que favoreció un sistema de partidos mayoritarios. A esto se le suman las demás restricciones a las libertades de prensa, organización sindical y política que viene instrumentando el gobierno.
Habla de democracia, pero limita la posibilidad de movilizaciones completamente a conveniencia, prohibiendo y reprimiendo las manifestaciones que no se subordinen a los lugares y sitios por dónde dicta el gobierno que se debe marchar. Y esto sucede no solo con las marchas convocadas por la oposición de derecha sino también contra movilizaciones de trabajadores. Maduro dice sin reparos: “No se puede permitir a nadie que bloquee una calle”, siempre y cuando, claro, sean marchas que le son adversas, pero el propio gobierno bloquea calles cuando son sus marchas y durante todo un día. Cinismo puro.
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