En vísperas del último 24 de marzo, la Legislatura bonaerense aprobó el proyecto de ley presentado por el senador Dario Díaz Pérez que establecía que los tres poderes del Estado bonaerense debían incorporar los términos "dictadura cívico-militar" y la cifra de "30.000 desaparecidos". Esto debía tener lugar en "las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno" al referirse al terrorismo de Estado.
La normativa fue publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial de la provincia bonaerense y ya desató el debate al interior del Gobierno de Vidal acerca de la reglamentación de la misma. De hecho, según señala el sitio Infobae, la norma podría no ser reglamentada por el Ejecutivo. Esto ocurre a pesar de que la misma fue votada por la mayoría en ambas cámaras provinciales, incluso por los legisladores oficialistas.
Las críticas de los funcionarios oficiales tienen que ver con la limitada articulación de la norma. Según señala la misma fuente, las objeciones tienen que ver con que "son cinco líneas que no explican ni cómo debe cumplirse ni, por ejemplo, que organismo debe regularlo".
Estas críticas también deben leerse en el marco de la postura reaccionaria del Gobierno de Cambiemos en relación a genocidio. Postura que empujó a favor del reaccionario fallo de la Corte Suprema, en el caso del genocida Muiña.
En ese marco, Vidal estaría evaluando la medida a tomar frente a esta ley sin que implicara un alto costo político en medio de un año electoral, y en un debate que, por ahora, el oficialismo busca enfriar, tras una multitudinaria marcha en contra del fallo del 2x1 de la Corte Suprema. | 
