Desde Sinaloa y Chihuahua protestaron por el asesinato de Miroslava Breach y Javier Valdez. En Michoacán exigieron la aparición con vida de Salvador Adame. En Sinaloa, responsabilizaron directamente al gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien reclamaron además las condiciones de extrema violencia que enfrenta la entidad.
Tanto Valdez como Mirsolava cubrieron en múltiples ocasiones casos de corrupción de funcionarios públicos, así como intervenciones del crímen organizado. Según los últimos tuits de Valdez, dedicados a Miroslava, realizar la labor de periodismo crítico puede costar la vida.
“A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”.
Para enfrentar la crítica situación de violencia, funcionarios y el gobernador de la entidad han propuesto consturir una fiscalía especializada en la investigación y seguimiento de casos de asesinato de periodistas, sin embargo, todo apunta a que se tratará de una instancia más al servicio de construir otras “verdades históricas” para cubrir los vínculos entre el estado y el crímen organizado que azotan a la población y a la prensa.
Al repudio al asesinato de periodistas y a la represión a la que están expuestos se sumaron decenas de intelectuales y académicos, así como 186 periodistas extranjeros.
También la embajadora de EE.UU. en México, Roberta Jacobson se sumó a la exigencia de la aparición con vida de Salvador Adame, todo un gesto para expresar al gobierno de Peña Nieto el peligro de un nuevo pico de crisis de los de arriba a partir de la ola de violencia contra periodistas.
Esto a dos meses del asesinato de Miroslava, que continúa impune, y en el marco del fortalecimiento de la presencia militar en varios estados del país producto de la “guerra contra el narco”.
De norte a sur, el reclamo por justicia
Al mismo tiempo, padres de desaparecidos bloquearon los accesos a la fiscalía de Veracruz para exigir ser atendidos por los funcionarios y por el titular de la Fiscalía José Winckler Ortiz, quien cuenta con el apoyo del gobernador Miguel Ángel Yunes. Llevan años buscando a sus desaparecidos y sólo han recibido cerrazón y hostigamiento por parte del gobierno.
Ejemplo de esto es la caravana de familiares de desaparecidos en Coahuila, que recientemente denunció el hostigamiento policíaco que sufrió durante los diez días de actividades de la caravana.
Urge la conformación de Comisiones de Investigación Independientes del Estado, conformadas por familiares de las víctimas, defensores de derechos humanos y activistas, trabajadoras y trabajadores, que puedan llevar hasta el final las investigaciones para esclarecer estos asesinatos y desapariciones, en perspectiva de hacer real la demanda de justicia y de aparición con vida de los desaparecidos. | 
