Con la visión puesta en las elecciones el Gobierno nacional puso en marcha el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, con el apoyo de movimientos sociales y la Iglesia, que permitirá otorgar certificados de vivienda familiar a 2 millones de habitantes de unas 4.100 villas y asentamientos de todo el país, además de acceder a distintos servicios.
La medida -puesta en marcha mediante el decreto 358, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y los ministros de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Desarrolllo Social, Carolina Stanley- fue recibida por organizaciones sociales y por Cáritas, que la considerarón positiva.
“Es una medida histórica, que no se había hecho nunca en el país. Por primera vez pudimos relevar 4.100 barrios y asentamientos en todo el país y podremos entregarles a esas familias un certificado de vivienda y de domicilio que les permitirá acceder a distintos servicios”, destacó la ministra Carolina Stanley.
En este sentido, remarcó el trabajo y la “vocación de diálogo” de movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) con quienes “se pudo acordar la emergencia social, avanzar en su reglamentación y en proyectos productivos”.
Por medio del decreto, el Gobierno dispuso la creación del mecanismo cuya función principal será la de “registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en esos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas”.
La medida beneficiará a 500.000 hogares, según datos del Censo Nacional de Población de 2010, el último realizado en el país.
El relevamiento se realizó entre agosto de 2016 y mayo de 2017, y determinó la existencia de 4.100 barrios populares -villas, asentamientos y urbanizaciones informales-, con déficit en el acceso a los servicios básicos y una situación de dominio irregular en la tenencia del suelo.
En un comunicado conjunto difundido hoy, las tres organizaciones sociales y la ONG Techo remarcaron que con está decisión el gobierno “avanza en el reconocimiento de los asentamientos del país”.
Destacaron que el certificado “es un documento que legaliza el domicilio y reconoce el derecho a acceder la red pública de agua, electricidad y cloacas”, y además les permite “exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos”.
“El certificado de vivienda familiar es el primer paso en un largo camino hacia la integración plena de nuestros barrios. Pero sabemos que no basta con un documento -ni siquiera con una ley- para lograr tierra, techo y trabajo para todos.
Es una tarea que implica compromiso, unidad y solidaridad”, señalaron en el comunicado.
Por su parte, Cáritas consideró que se trata de un "paso importante en el largo camino de procurar un techo para todos en condiciones dignas".
Por su parte la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley en uso del discurso y en línea con el gobierno dijo que esto va en contracara con quienes “van a usar esta época electoral para mostrar sus diferencias, utilizando una forma histórica de reclamar con piquetes en la calle” que “terminan resultando un método extorsivo que solo profundiza la grieta en Argentina”.
Stanley, como Vidal y todos los funcionarios del Gobierno no dejan de apuntar contra los que salen a la calle a defender sus derecho.
También el ministro Frigerio se refirió a la medida expresando que “es importante para poner la verdad sobre la mesa” y precisó que “se trata de una primera fase, para después ver la realidad de cada uno, hacer acuerdos con provincias y municipios, y seguir avanzando para resolverle los problemas a toda esa gente”.
Frigerio tiene razón cuando dice que el tiempo “es importante para poner la verdad sobre la mesa” pero la realidad revela que no es la verdad para muchos trabajadores.
Porque muchos, miles quedan fuera de este “privilegio” que si bien es positivo es
insuficiente para quienes no obtienen certificados y a cambio reciben hostigamientos, palos y ven destrozadas por topadoras sus precarias viviendas cuando reclaman por un pedazo de tierra que les permita vivir dignamente.
La verdad es otra, la tierra sobra si no se beneficiaría a unos pocos en época de elecciones o no se usaría para negocios privados, como se hizo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en la última sesión del 2015.
El exlegislador del PTS por el FIT, Patricio del Corro denunció el gran negocio inmobiliario que tuvo lugar en el 2015 entre el macrismo y el Frente para la Victoria.
En ese momento y cualquier semejanza con realidad hablan de los hechos dan prueba. El PRO y el FpV ni siquiera guardaron las formas y la votación fue escandalosa, negociando entre gallos y medianoches sin permitir ningún debate y abriendo el camino a que la Agencia de Bienes S.E. pueda vender terrenos de la Ciudad sin pasar por la Legislatura, sin obligación de presentar informes de impacto ambiental, ni sociales ni acerca de nada, incumpliendo así la Constitución de la Ciudad.
Evidentemente, el oficialismo y sus aliados del Frente para la Victoria prefirieron mantener en total secreto de esa negociación que se aprobó sin debate y sin informes técnicos sociales, ambientales ni económicos ni estudios de impacto ambiental ni fundamentos de planificación y economía urbana. Solamente una cínica promesa de que, de la venta de estos últimos, se destinaría un 20% para la urbanización de las villas 31 y 31 Bis.
Y además que la sanción de esta ley autoriza “al Poder Ejecutivo a disponer la transferencia a la "AGENCIA DE BIENES S.E.", de los inmuebles del dominio privado de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción a los comprendidos en el ámbito de la Corporación del Sur y de la Corporación Puerto Madero, completando de esta forma la entrega de los terrenos públicos en el 100 % de la Ciudad a estas tres firmas.
De esta forma, se abre la posibilidad de que los mismos puedan ser vendidos sin la participación de la Legislatura, siempre y cuando sean considerados “innecesarios para la gestión”, dejando a discreción de los funcionarios de turno cuáles serían los terrenos públicos a ser rematados y en qué orden. En estas condiciones estarían aproximadamente 2.400 inmuebles en 12 de las 15 comunas.
La verdad sobre la mesa
Distribución de barrios populares en el país:
Según los datos preliminares de un relevamiento, las cifras de los barrios populares se distribuyen por todo el país de la siguiente manera: Buenos Aires, 1.612; Ciudad de Buenos Aires, 55; Catamarca , 33; Chaco 269; Chubut, 56; Córdoba, 172; Corrientes, 107; Entre Ríos, 168; Formosa, 78; Jujuy, 91; La Rioja, 14; Mendoza, 205; Misiones, 243; Neuquén, 84; Río Negro, 114; Salta, 145; San Juan, 29; San Luis, 23; Santa Fe, 333; Santiago del Estero, 47; Tierra del Fuego, 36 y Tucumán, 186 | 
