Como anunciaron hace más de un mes en diversos comunicados, y ante la falta de respuesta a su reclamo, comienzan la huelga por tiempo indeterminado el próximo lunes 29 de mayo, y se concentran a las 8:00 h. frente al Consulado General en Buenos Aires (Guido 1770, CABA).

Mientras sus sueldos siguen congelados desde hace ocho años y perdieron el 40% de su poder adquisitivo hasta el momento, como si la crisis no hubiera sido superada, la economía española creció por tercer año consecutivo, los dos últimos al 3,2%. Además, en 2016 España cumplió con el objetivo de déficit acordado con la UE y este año prevé reducir al 3,1% del PIB.

En Argentina, los trabajadores y trabajadoras públicos de la Administración española mediante los cinco Consulados Generales y la red de Consulados Honorarios que de ellos dependen, atienden y solucionan los trámites de unos 450.000 ciudadanos españoles inscritos y de todos quienes visitan Argentina. El servicio es reforzado con la asistencia en materia laboral y de pensiones a través de la labor de la Consejería de Empleo y Seguridad Social. Además, hacen posible el intercambio y relación entre España y Argentina en múltiples áreas por demás estratégicas: Comercio, Educación, Cultura, Prensa y Comunicación, Agricultura y Turismo.

Buenos Aires se convirtió en la ciudad más cara de Sudamérica y ocupa el puesto 41º a nivel mundial según el ranking que anualmente elabora Mercer, la prestigiosa consultora especializada en recursos humanos, situándola sobre ciudades europeas como París (44º) y Milán (50º), y muy por encima de Madrid (105º) y Barcelona (110º). Prueba de ello es que los precios de los alimentos básicos son en promedio un 48% superiores en Argentina que en España, porcentaje que se eleva al 66% si eliminamos las frutas y verduras frescas, según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Dirección General de Comercio Interior, respectivamente.

Los trabajadores y trabajadoras en Argentina sostienen su medida de fuerza hasta tanto la Administración del Estado español no atienda satisfactoriamente su demanda y recomponga sus salarios.