Tras los acuerdos flexibilizadores firmados de Vaca Muerta, la industria automotriz y la construcción, el Gobierno firmaría hoy un nuevo convenio de competitividad, así los llama, ahora para la producción de motos. Así, lo adelantó el diario El Cronista.
Un comunicado del Ministerio de la Producción establece que en el acuerdo habrá metas de producción y de integración de piezas locales para los próximos cuatro años. Según el organismo, el acuerdo impulsará la creación de puestos de trabajo.
En los últimos meses las ventas de moto han aumentado, y el acumulado de patentamientos de 2016 fue de 482.769 unidades, este total, es superior al 2015 que fue por 480.027. Sin embargo, los industriales cuestionan que es menor a los 724.091 de 2013, que representó su mejor año.
Fuentes oficiales afirmaron que inicialmente "se eliminarán las Licencias No Automáticas (LNA) estableciendo un margen de preferencia arancelario para favorecer la producción local y fomentar la competencia". Se estima una reducción de 15 puntos.
Desde el sector privado señalaron que "hasta ahora teníamos 35 % para todo lo que llegaba ensamblado, con este acuerdo bajará a 10 % para la que viene desarmado por abajo de 250 cc, lo que representa a más del 90 % de lo que se comercializa en el país. Además, en los modelos de más de 250 cc que no importaba como llegaba ya que siempre pagaban el 35 %, en el borrador del acuerdo que nos acercaron queda establecido que baja al 20 % si se ensamblan en el país".
En la segunda etapa del acuerdo se espera lograr un esquema de integración inteligente de partes locales.
El sitio Parabrisas obtuvo acceso al proyecto en la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) e informó que el sector privado deberá ampliar la capacidad productiva, desarrollar proveedores, impulsar nuevas tecnologías de motorización y fomentar las exportaciones, y generar junto con los sindicatos programas de capacitación y un plan para mejorar la productividad laboral.
Como sucedió con los acuerdos de Vaca Muerta y de la industria automotriz, esto implicaría flexibilizar las condiciones laborales, aumentando los ritmos de explotación y disminuir el ausentismo a costa de la salud de los trabajadores. El Gobierno junto a sus aliados de la burocracia sindical, que dirigen los sindicatos, pactarán un nuevo acuerdo antiobrero.
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