Luego del acto que diferentes sindicatos, organizaciones sociales y políticas realizaron ayer junto a la Izquierda, contra la criminalización de la protesta y el intento de desafuero a los legisladores del FIT, la justicia de Mendoza avanza en el proceso que pretende la imputación de quienes protestaron el 6 de abril.
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En el día de hoy fueron citados a declarar dos de los siete referentes que el gobierno indicó como responsables de delito, por manifestar en las calles en el marco de un paro nacional. Se trata de la dirigente de ATE Raquel Blas y el abogado de derechos humanos, Enrique Jasid.
El resto serán llamados por la justicia de la provincia, que viene demostrando gran celeridad para responder al pedido del gobernador Alfredo Cornejo.
Recordemos que la intención es imputar también a tres legisladores del FIT, Lautaro Jimenez (PTS), Héctor Fresina (PO), Víctor Dávila (PO) y a los referentes sindicales Guillermo Martínez Agüero (CTA), Jorge Chávez (ATE) y Jonathan Neira (delegado Atomo). |