Foto Juan Cicale
Luis Ricardo Córdoba tiene 71 años. Trabajó muchos años en el Astillero Río Santiago de Ensenada, en la sección Alistamiento. Allí fue elegido delegado gremial. En 1975, junto a otros delegados y trabajadores con militnacia política y gremial, participó del diseño del Convenio Colectivo de Trabajo en la fábrica.
Fue detenido en 1976, antes de que la maquinaria genocida se encaramara de lleno en el gobierno a través de la Junta Militar. Ya con el golpe cívico-militar consumado, Córdoba siguió preso. Primero pasó por la Escuela Naval de Ensenada y luego fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fue liberado en 1977.
Hoy, mientras sigue esperando que le salga la jubilación por sus años de trabajo en el Astillero, el hombre es un testimonio viviente de aquellos años de lucha obrera y de terrorismo de Estado.
Por eso la mañana del lunes 29 se dirigió con decisión a los Tribunales Federales de La Plata, en 8 y 50. Allí había sido citado como testigo del juicio oral y público que se le sigue a dos miembros emblemáticos de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), Carlos “El Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares.
Córdoba no sólo habló de los juzgados sino de las circunstancias en las que actuaron y también del pasado reciente de esos personajes.
“Caminaban entre nosotros en la cárcel”
“Antes del golpe habían sido detenidos Marote, Charras, Mández Paz, Peláez. Yo estuve detenido en la Escuela Naval y después me llevaron a la Unidad 9. Sabíamos que existía el accionar de un grupo de personas, una banda que se dedicaba a secuestrar, a robar, vulnerar los domicilios y en muchos casos a matar”, recordó Córdoba mirando de frente a los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris. Se refería, naturalmente, a la CNU.
Y aportó un dato relevante: el nivel de relación estrecha entre la banda de la derecha peronista (integrada por abogados, contadores, profesores, agentes de policía, estudiantes universitarios, sicarios y lúmpenes todo servicio) con el gobierno de entonces, con la Policía Bonaerense y con el Servicio Penitenciario.
“Estando en la Unidad 9 siempre veíamos que entraban y salían del penal miembros del grupo del CNU. No sé si eran detenidos o entraban para relacionarse con nosotros. Eran cinco o siete, el Indio Castillo, el Pipi Pomares, el Tony de Jesús y algunos más. No estaban en nuestras celdas ni en nuestros pabellones. Ellos se acercaban en el patio. No me consta que estuvieran detenidos”, relató Córdoba.
El testigo recordó que en patio de la Unidad 9 los criminales “se acercaban a conversar. En un momento dado se acercaron más a mí porque yo era delegado de Astillero y amigo de Pedro Gutzo. Uno de ellos me mostró un reloj y me dijo que era de Pedro Gutzo. Cuando luego me encontré con familiares de Pedro me mostraron la causa de cuando se encuentran los cuerpos y ahí estaba relatado que robaron relojes, joyas”.
“Yo me acuerdo que tenían ropas particulares en la Unidad 9. Y eso de tener objetos como el reloj... ninguno de nosotros lo podíamos tener. Para demostrarme lo que habían hecho me mostraron el reloj de Pedro. El Indio Castillo mostraba credenciales de la Marina, del Ejército, de varios lugares. Se manejaron de esa manera, con esa impunidad”, sintetizó Córdoba.
Y hasta recordó que “algunas veces se acercaban y me decían que hablara con el Indio, que me iban a sacar de la cárcel”.
Al fondo. Pomares y Castillo (foto Mario Frías Casado)
“Los vi en la Legislatura y en la Municipalidad de La Plata”
Córdoba lleva años esperando que el Estado le empiece a pagar su jubilación como trabajador del Astillero Río Santiago. “Hace más de un año que salió la sentencia de este Tribunal para poder jubilarnos y todavía no se cumple. No es admisible este tiempo que se toma la Justicia. Aceleren estas causas, es necesario”, pidió en medio de su declaración testimonial.
Y mientras espera gozar de ese derecho básico, recuerda otros momentos más recientes en los que Castillo y Pomares fueron protagonistas. Por ejemplo, que hace más de diez años los nombres de ambos criminales fueron mencionados en otras instancias judiciales y sin embargo recién hoy están sentados en el banquillo.
“Estamos a más de 40 años. Me preocupa un poquito porque en 2006 ya declaramos todo esto, volvimos a declararlo luego y hoy otra vez lo estamos declarando acá”, reflexionó el hombre ante el Tribunal. “Hay cosas que no entiendo”, repitió en referencia al carácter fragmentado y parcial de este juicio, donde sólo dos criminales (de casi un centenar que integraron la CNU) es juzgado por unos pocos casos (de más de 60 reconocidos).
Pero Córdoba dijo algo más. “Recuerdo haberlos visto paseándose en la Municipalidad de La Plata y las cámaras (de Diputados y de Senadores de la Provincia de Buenos Aires). A Pomares y Castillo los he visto después de 2006 en la Legislatura”, recordó. Y a “Pipi”, además, afirmó haberlo cruzado “en la Municipalidad durante la gestión de (Julio) Alak. Estaba trabajando en la oficina del secretario de Gobierno”.
¿Un criminal genocida junto al ministro de Derechos Humanos?
Sí. Como lo reflejó este diario en varias notas pero, sobre todo, como lo determinaron los periodista Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal en su investigación La CNU. El terrorismo de Estado antes del golpe, varios años después de perpetrar crímenes atroces en sociedad con la Triple A y las fuerzas represivas estatales, el “Pipi” Pomares fue convocado desde el área de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata.
Fue a principio de los 90. Lo convocó el dirigente del peronismo platense Alberto “El Cabezón” Delgado y lo hizo a pedido del recientemente electo intendente Julio César Alak. Según las versiones, Alak buscaba dotarse de algunos expertos en cuestiones de “seguridad” para lidiar con punteros y otras fuerzas vivas de la región.
Vale recordar que Alak ganó cuatro elecciones consecutivas en la intendencia de la capital de la Provincia (1991, 1995, 1999 y 2003), siempre por el PJ. En la tercera de aquellas elecciones, incluso, fue candidato por tres listas diferentes: la del PJ con Duhalde como candidato a presidente y Ruckauf a gobernador, la de Acción por la República con Domingo Cavallo a nivel nacional y la de la UceDé de Alzogaray. Lo que se dice, un paradigma de la política noventista.
Quien en 2009, gracias a Cristina Fernández de Kirchner, se convertiría en ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, veinte años antes había recurrido a su viejo amigo Delgado, quien contrató a Pomares. Obviamente no le exigió ningún currículum. Con el prontuario le alcanzaba y sobraba.
Pero es preciso aclarar que la “institucionalización” de Pomares no la produjo Alak. Ya en 1984 el Pipi se había metido de lleno en la vida democrática, cuando se sumó al PJ con Herminio Iglesias. En las tres últimas décadas el PJ le confió varios puestos y hasta lo eligieron congresal provincial del partido. Por eso a nadie extrañó que con los años saltara del mundillo comunal a la arena provincial, siempre más jugosa. Después de trabajar con Alak, Pomares se mudó a la Legislatura, donde llegó a ser asesor del bloque de Senadores del Frente para la Victoria.
Hasta su detención en 2012 (producto de las denuncias apoyadas en la investigación de Cecchini y Elizalde Leal), el pistolero de la CNU había sido todo un exponente de la política demócrata del FpV-PJ.
Cristina Fernández de Kirchner y Julio Alak
No sabe, no contesta
Ni el testigo Córdoba ni los periodistas que investigaron el derrotero de la CNU son los únicos que mencionan la relación estrecha que unió durante décadas a Pomares y Castillo con el peronismo platense y bonaerense. De hecho se espera que más testigos en el juicio que se desarrolla en La Plata identifiquen a estos criminales en hechos y circunstancias del pasado reciente.
Buscando completar parte de la historia, este diario intentó contactarse con Julio Alak para que explique las razones y las causas que lo llevaron a tener entre sus empleados de confianza a uno de los criminales de lesa humanidad reconocidos por sobrevivientes y familiares de víctimas de la CNU.
Desde el círculo cercano a Alak responden que, aunque “varios medios lo piden, Julio no está dando notas por ahora”. Curioso, ya que el exintendente está en plena campaña política, recorriendo diariamente los barrios de la región de La Plata. Seguiremos intentando.
Mientras tanto Luis Córdoba, el trabajador del Astillero Río Santiago sobreviviente del genocidio, hoy sigue esperando dos cosas: que los criminales Pomares y Castillo terminen en la cárcel y que el Estado finalmente le empiece a pagar su jubilación. Y tal vez espere algo más: que quienes tengan algo importante para aportar a la verdad y la justicia en este juicio, aún habiendo encubierto a los criminales durante años, tengan un rapto de decencia y lo hagan. | 
