Foto: Sindicato SUNAFIL
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, es un “organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”. En teoría tiene por finalidad promover y fiscalizar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo y la formalización de los trabajadores. La SUNAFIL fue creada por la ley 29981 el 15 de enero del 2013.
Después de la flexibilización y desregularización laboral implementada por el gobierno de Fujimori, esta es la primera instancia del Estado que se propone, aunque solo sea de forma, promover la formalización de los trabajadores, lo cual en sus inicios le valió críticas por parte de los gremios empresariales como la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), que por más de 25 años de neoliberalismo se beneficiaron de la precarización laboral.
Sin embargo, la realidad nos muestra, una vez más, que lo que menos le interesa al gobierno y al estado peruano es crear mecanismos que velen realmente por los derechos de la clase trabajadora, por esa razón la SUNAFIL hoy se encuentra abandonada presupuestalmente. Esto pone en evidencia que no existe la voluntad política por parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), del Ministro de Trabajo y de la propia Superintendencia de fortalecer los mecanismos de fiscalización empresarial y menos ahora que las consecuencias de la crisis internacional se sienten en la economía peruana.
A ello se debe que no se puedan realizar inspecciones laborales en 14 de las 25 regiones del Perú ya que no existen intendencias en esas zonas y las que existen, no están debidamente implementadas.
Imagen: Plantón SUNAFIL
Otra limitación es el insuficiente número de inspectores: actualmente solo se tiene 390 inspectores trabajando en todo el país, cuando en realidad se necesitan más de 2.000, como bien lo establecen estudios realizados por especialistas. Esta carencia de personal ha llevado a que en la actualidad la SUNAFIL solo pueda fiscalizar a micro y pequeñas empresas, dejando en plena libertad a los grandes empresarios que son los que más violan los derechos laborales. Incluso, hace poco se modificó el reglamento de la ley de inspecciones a través del Decreto Supremo 007-2017-TR, para poder reducir el monto de las multas a aquellas empresas - generalmente grandes como Tottus, Ripley o Topytop - que sistemáticamente precarizan el trabajo.
Esta crisis de financiamiento también se expresa en el incumplimiento de los compromisos salariales de esta institución para con sus trabajadores, como es el caso concreto del bono por función inspectiva que a la fecha se les adeuda a los inspectores quienes están prohibidos de realizar otras funciones. Este bono hace parte de los derechos colectivos adquiridos por los trabajadores, que la superintendencia se niega a reconocer en su totalidad. Por esa razón los trabajadores a través de sus sindicatos realizaron el pasado 29 de mayo un plantón para exigir el respeto a sus derechos y ahora preparan una huelga nacional indefinida.
Al respecto, Guillermo Córdoba, secretario general del Sindicato Nacional de Inspectores del Perú-SI SUNAFIL, en entrevista telefónica, nos dijo:
No vemos por parte del ejecutivo la voluntad de solucionar nuestras demandas, sino todo lo contrario, persisten en no cancelarnos la totalidad del bono que nos adeudan, aducen que no se tiene recursos y que solo pueden cubrir el 20% de ese monto, para evadir responsabilidades proponen que sea el ministerio de Economía el que apruebe la deuda. A eso se suma el hecho que hace poco nos recortaron la movilidad a los inspectores, con lo cual se boicotea nuestro trabajo. Por esa razón, este 8 de junio estaremos realizando una asamblea nacional de delegados para aprobar democráticamente la huelga nacional de nuestro sector y el 17 de junio participaremos en la Asamblea Nacional de gremios afiliados a la Central General de Trabajadores del Perú-CGTP donde se discutirá la posibilidad de implementar un paro de trabajadores en todo el país.
La crisis de la SUNAFIL nos demuestra palmariamente que no será de la mano de las instituciones del Estado, que los trabajadores recuperarán y conquistarán nuevos derechos. La historia pone en evidencia que solo con la acción directa y la organización independiente de la clase trabajadora se consiguen grandes victorias, fue así como en el Perú y en el mundo se consiguió, por ejemplo, la jornada de las 8 horas. Pero esto deberá ir acompañado de la más amplia democracia desde las bases que permita que las y los trabajadores - a través de instancias de participación y de decisión como las asambleas o los comités de lucha – aseguren que las medidas programadas hagan retroceder a los patrones y al gobierno de turno, acabando de esa manera con las mediaciones burocráticas que siempre terminan jugando para los explotadores. | 
