“¡No más bebés y niños muertos en las guarderías del país! Seguimos caminando. Seguimos levantando la voz. Y hoy también marcamos nuestras calles con un símbolo de memoria porque no queremos ciudades silenciosas que tapen la infamia con olvido. En sus grandes edificios, en sus avenidas turísticas, la aparente normalidad por fin se rompe: todos deben saber que el Estado mexicano debe las vidas y la felicidad de nuestros hijos e hijas” declararon los familiares de las víctimas de la Guardería ABC.
En compañía de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, explicaron la intención del memorial: aun cuando las autoridades desvíen sus miradas cuando lleguen a sus juntas, a sus oficinas, intenten ignorarlos, o hasta cuando pasen por la calle “tendrán que ver estas letras del monumento que nos marcaron la vida; tendrán que ver el ABC en colores azul y rosa que años atrás fueron símbolo de alegría infantil y hoy nos recuerdan la deuda del Estado mexicano. Nos deben justicia, se la deben a los niños de México”.
Ocho años después del incendio exigen de nueva cuenta al presidente Enrique
Peña Nieto que cumpla su promesa de junio de 2002 “y que hasta este día ha sido vana. También exigimos a Raúl Cervantes, procurador de la PGR, que active eficazmente los mecanismos de procuración de justicia que hasta hoy han sido ineficientes en la averiguación previa que tiene a su cargo aún”.
Abundaron: “Asimismo exigimos al magistrado del primer tribunal unitario en Hermosillo, Edmundo Páez Alcalá que actúe con celeridad y justicia. Le recordamos que se ha cumplido un año desde que está a cargo del expediente y obligado a resolver en segunda instancia las sentencias dictadas por el juez primero de distrito. Esperamos que no dilate la resolución, que dé el ejemplo y siente un precedente en impartición de justicia en un país donde la impunidad es la salida constante cuando hay una clara responsabilidad del mismo Estado”.
Mientran tanto, en Hermosillo, capital de Sonora, fueron más de 3,000 las personas que participaron de la movilización que protestó por la lentitud de la investigación del caso.
Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, uno de los niños que falleció en el incendio, denunció: “A esta hora recibí la llamada que jamás hubiera querido escuchar. No perdono, jamás perdonaré al Estado Mexicano y particulares asesinos. No les otorgo el perdón, de mi parte no lo obtendrán, es mucho daño que han hecho y siguen haciendo”.
El 5 de junio de 2009, Hermosillo, se produjo un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal que se propagó a una edificación colindante donde funcionaba la Guardería ABC, subrogada a particulares por el IMSS. Era una bodega que tenía en el techo una lona. Al incendiarse generó un humo tóxico que asfixió a 49 niños y 106 sobrevivieron con graves secuelas. Tenían de 5 meses a 5 años de edad. Fue un día de luto para el pueblo mexicano.
Como explicamos en esta nota, “personajes como el panista Juan Molinar Horcasitas, uno de los responsables del crimen de la Guardería ABC, falleció sin que se hiciera justicia por el caso, siendo el director del IMSS que subrogó a particulares la atención de guarderías y estancias infantiles.
En el marco de los ataques a los derechos sociales de los trabajadores y sus familias, en 2003 se modificó la Ley General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A partir de entonces se dio un despunte en el modelo de subrogación de guarderías concesionadas a particulares, y con ello, la flexibilización en los estándares de atención y la reducción del presupuesto destinado por el IMSS.
Al dolor de las madres y padres de los menores fallecidos, se suma la negligencia de las autoridades y funcionarios involucrados en la tragedia, que a la fecha no han esclarecido los hechos ni brindado justicia a las víctimas. En este caso, también #Fue el Estado.” |