Dos años ya de “Ayuntamiento del cambio”, más de 700 días de gobierno de Ahora Madrid. En este tiempo son muchas las cosas que se pueden cambiar; podría haberse llevado a cabo la remunicipalización de diferentes servicios, la paralización de los desahucios, una política contra la gentrificación, acabar con la persecución a artistas , activistas, jóvenes y migrantes… Pero no ha habido tiempo para todo esto.
Sí ha habido tiempo, sin embargo, para los espacios autogestionados, para perseguir y poner ante la disyuntiva de regularizarse bajo su control o ser borrados del mapa a los centros sociales, solares, huertos urbanos donde los vecinos plantan cara a la especulación y la gentrificación creando un lugar de encuentro en el que desarrollan talleres, actividades culturales y construyen punto de debate y asamblea en edificios o terrenos hasta ese momento abandonados a su suerte en medio de la ciudad.
Hemos querido hablar con participantes en las asambleas de los diferentes espacios para que sean ellos quienes nos cuenten cuáles han sido los ataques llevados a cabo por el consistorio de Carmena, cómo entienden esta política de acoso y derribo y cuáles son sus deseos y exigencias.
CSOA La Morada: “Que nos expliquen por qué han de ganar siempre los especuladores mientras el Ayuntamiento de Ahora Madrid mira hacia otro lado”
Una participante del CSOA La Morada, centro desalojado y demolido en 2016 para construir pisos de lujo, pero cuyas asambleas y actividades persisten itinerando entre diferentes espacios, tiene bastante que decirle al Ayuntamiento de Ahora Madrid que “presume de abierto y participativo”. Le gustaría saber, nos dice, por qué no reaccionaron de manera oficial ante el desalojo ilegal de La Morada, y por qué no les importaron las 32 personas detenidas. También quiere recordarles que mientras las asociaciones del barrio de Chamberí dieron todo su apoyo explícito a La Morada, el único gesto oficial del Ayuntamiento fue conceder a la inmobiliaria InmoGlaciar el permiso de demolición del edificio: “Que nos expliquen por qué han de ganar siempre los especuladores mientras el Ayuntamiento de Ahora Madrid mira hacia otro lado”. La integrante de la asamblea de la Morada es muy clara, quiere que desde el consistorio se les explique “por qué no solo no se han posicionado de manera oficial y contundente para denunciar los diversos desalojos, sino que además han tratado de impulsar los suyos propios” y que “dejen de encubrir sus desalojos de CSOAs bajo la máscara de la burocracia y se pregunten por qué les estorban ahora tanto los movimientos sociales autogestionarios y horizontales, por qué les molestan quienes quieren hacer barrio, empoderar y construir poder popular al margen de su control”.
Con respecto al intento de establecer un reglamento que controle la cesión, exigiendo licencias de actividad bajo amenaza de desalojo – algo que desde la Enredadera de Tetuán entienden como una suerte de represión burocrática-, nuestra interlocutora tiene que claro que los CSOAs no lo necesitan, “lo que necesitamos es que se respete, valore y apoye la iniciativa popular que representa un CSOA. Que entiendan que este tipo de centros aportan a la ciudadanía lo que de verdad ésta demanda, por una simple razón: porque están creados y gestionados por y desde ella misma, y que por eso mismo son legítimos y necesarios”.
Pero también tiene algo que pedirles “si valoran en algo el tejido social que han construido los diversos CSOAs a lo largo de años, le echen un poco de valor y los defiendan como bienes comunes, en vez de atacarlos mientras apoyan los intereses privados de los más fuertes del sistema”. A este respecto cabe recordar uno de los episodios más oscuros de la política de cesiones que ha llevado a cabo Manuela Carmena: el caso del Palacete de Alberto Aguilera 20, que en 2015 era de propiedad municipal y llevaba en desuso varios años. Se había “ofrecido” como opción para el recién desalojado CSOA Patio Maravillas durante las negociaciones, pero poco después la alcaldesa, saltándose el prometido proceso participativo, anunció que se había decidido la cesión al Estado Mexicano para la instalación de la “Casa de México”. Al conocerse la noticia, varios centros sociales y colectivos de Chamberí, particulares y colectivos de México enviaron cartas y emitieron comunicados en protesta por la cesión, como la Morada que denunció se opuso a “la decisión y a la forma de gestionar el espacio público priorizando las relaciones con un Estado criminal a la voluntad y necesidades de los barrios” o el CSOA La Osa Morada -colectivo dos veces desalojado- que denunciaba la entrega y se preguntaba sobre el interés de “Manuela Carmena en favorecer a un gobierno genocida, olvidando a las víctimas mexicanas y a su vez dejando de lado a los movimientos sociales de Madrid”. También el colectivo Madrid43Ayotzinapa unido a otros colectivos en la plataforma “Y Retiemble” publicó un escrito en el que denunciaban que desde el consistorio “se lavaban las manos diciendo que era un compromiso adquirido” y que Manuela Carmena entrega las llaves “de un edificio que pertenece a los ciudadanos de Madrid y que servirá para mentir y blanquear las políticas criminales de un gobierno corrupto. Y ella será cómplice.”
Solar Maravillas: “A los espacios ocupados no nos ayudan, si puede quitárnoslos lo agradece”
También tuvimos la oportunidad de hablar con Mónica, participante en la asamblea del Solar Polivalente Autogestionado Maravillas, en la calle Antonio Grilo 8. Como explicamos en un artículo anterior, el solar lleva más de un lustro desarrollando actividades culturales y de construcción de espacios populares, desde que hace seis años sus promotores despejaran y limpiaran de escombros y basura el área.
El espacio era reclamado por la Comunidad para dotación pública, en principio para la construcción de un centro de salud, proceso que comenzó con Ana Botella y que ahora continúa con Manuela Carmena. Según nos cuentan Mónica, de momento ha pasado los trámites favorablemente, de manera que la cesión podría hacerse efectiva en cualquier momento y la comunidad podría echar al colectivo, “tenemos el miedo en el cuerpo”, nos cuenta.
Viendo los antecedentes, nos dice que esperan cualquier cosa. El Ayuntamiento les ha ido haciendo pequeñas promesas, sobre todo a través de Jorge García Castaño, que ya no se creen, pues en ningún momento han parado la cesión a la Comunidad y dan todos los trámites en esa dirección por válidos; “desde el Ayuntamiento podrían haber puesto impedimentos, pedir el proyecto antes de culminar la cesión… Pero no lo han hecho”. Tampoco les dan ninguna alternativa para contar con un espacio verde en el que poder llevar a cabo el huerto urbano, el cine de verano y todas las actividades que realizan al aire libre.
Nos explica que en el Ayuntamiento “a los espacios ocupados no nos ayudan, si puede quitárnoslos lo agradece” y añade “sabemos que hay un ‘problema’ mediático, la prensa se le echa encima, pero también hay que ser un poco valiente y seguir el programa que has prometido de participación ciudadana, Ahora Madrid empezó a gestionarse en un centro ocupado…”.
Con respecto a la construcción del edificio afirma que “sería especular hacer una obra para el centro de salud cuando ya existen muchos edificios aptos, con más facilidad de acceso que Antonio Grilo, terrible para acceder. No es el mejor sitio, estuviera o no ocupado”. Nos explica que parece que la alcaldesa tiene algo personal contra la ocupación de espacios, algo que nos han dicho varios de los y las entrevistadas, y pone de ejemplo las declaraciones recientes sobre el nuevo espacio ocupado este mayo en el centro de Madrid, La Ingobernable , con las que Carmena aseguraba que iban a echarlos porque estaban en la ilegalidad.
Mónica nos explica también uno de los problemas que entraña la cesión de espacio que el Ayuntamiento propone como única alternativa a la expulsión -aunque en muchos casos ni siquiera existe esta alternativa- y son las condiciones que vienen de la mano de la cesión, donde la autogestión y las decisiones asamblearias quedan fuera de todo horizonte. Estas posibles cesiones, vienen precedidas por un concurso, sistema que el SPA Maravillas pone en cuestión en un comunicado de apoyo al ESOA La Dragona, del que hablaremos a continuación, ya que es la institución la que decide los criterios y la que acaba decidiendo unilateralmente quién se lleva el espacio, normalmente grandes grupos empresarios.
ESOA La Dragona: “No creemos en sus proyectos ‘sociales’ que se basan en un ocio vacío, dejando de lado cualquier tipo de crítica y combatividad social para conseguir engrosar sus filas”
Otro de los casos paradigmáticos del intento de cierre por parte del ayuntamiento madrileño es el del ESOA La Dragona, espacio que lleva en funcionamiento desde que en 2008 activistas y jóvenes acondicionaron un edificio abandonado durante más de 25 años perteneciente al cementerio de La Almudena. Como se puede leer en un artículo anterior, en 2013 ganan un juicio contra la empresa gestora y pueden continuar con su actividad cultural y de apoyo a colectivos, activistas y represaliados. Pero en 2016 el Ayuntamiento de Carmena decide que quiere recuperar el edificio y muestra a la asamblea del espacio una orden de desalojo ya firmada.
Hablamos con dos miembros de dicha asamblea que nos ponen al día de la situación del espacio. Tras el intento de desalojo del pasado 23 de noviembre no ha habido nuevos ataques, no obstante, los y las abogadas de La Dragona siguen trabajando para detener cualquier intento de desalojo o procedimiento administrativo que vaya en su contra. Nos explican que, aunque el desalojo no se hizo efectivo “gracias al trabajo de la asamblea y al apoyo mediático que recibimos, sí saldamos aquella jornada con cuatro personas detenidas y más de 100 identificaciones, por lo que estamos trabajando actualmente en torno a las medidas legales para afrontar la represión por parte del ayuntamiento”. Además, todo el trabajo del espacio se vio paralizado ya que tuvieron que centrar sus fuerzas en evitar el desalojo, algo que ahora están revirtiendo en numerosas jornadas de trabajo.
Sobre la política del Ayuntamiento hacia el espacio afirman que “siempre ha sido la misma, la de la presión y el chantaje. Desde hace ya más de un año, no cesan en su intento de convencernos de que la mejor opción es la de constituirnos como asociación y optar por la cesión del espacio. Nos aseguraron que si dejábamos el espacio y hacíamos lo que nos pedían nos lo cederían, obviando la realidad de que el edificio es un bien público y, por tanto, no se puede conceder su gestión a un colectivo concreto sin sacarlo a concurso.” Nos relatan episodios de presión, como la reunión del 3 de noviembre con el concejal Sánchez Mato en la que les sitúan ante la disyuntiva de firmar un documento para la entrada de un técnico del ayuntamiento o el desalojo, chantaje ante el que decidieron no ceder pero que fue negado públicamente por el Ayuntamiento.
Desde la asamblea del ESOA situado en el barrio de la Elipa entienden que el consistorio está “llevando a cabo una persecución sostenida por varias vías: han utilizado reiteradamente la presencia de los cuerpos de represión del estado en estos centros con vehículos patrulla que piden identificación a quien se acerque al edifico, vehículos de paisano, agentes de paisano armados en los eventos; además claro, de las detenciones y agresiones que tuvieron lugar en la manifestación contra el desalojo el 23 de Noviembre de 2016”, pero también la vía de negociación con “continuados intentos por hacer ver que están trabajando por nuestra seguridad y nuestro bien, “todo para el pueblo pero sin el pueblo””.
En La Dragona lo tienen claro, “no creemos en sus cívicos proyectos ‘sociales’ que se basan en un ocio vacío, dejando de lado cualquier tipo de crítica y combatividad social, para conseguir engrosar sus filas a través del asistencialismo y la destrucción de la autonomía de las personas y los movimientos sociales. Esta actitud nos hace plantearnos que su objetivo se basa realmente en su propio interés: hacernos pasar por el aro de la municipalización y la legalización para conseguir que las actividades que se realicen en el centro estén orquestadas por su Ayuntamiento, pretendiendo dejar fuera cualquier muestra de solidaridad que se desvincule de las vías institucionales, quieren doblegar lo indomable” e incluso traen a colación el pasado de Manuela Carmena, “una abogada que se negó a defender a los últimos 5 antifascistas fusilados por el franquismo, la jueza de vigilancia penitenciaria que dejó morir de hambre a un preso político durante la mayor huelga de hambre de presas políticas que se ha dado en el Estado español, que evitó posicionarse sobre la estancia de Nahuel cuando la familia solicitó solidaridad, que firma públicamente en apoyo a la presencia en universidades de personajes como Felipe González y Cebrián, o vota junto a PP y C´s para recibir a la familia de Leopoldo López, opositor venezolano” algo que para la asamblea de la Dragona “pone de manifiesto con que movimientos siente simpatía y a cuales quiere eliminar, pues parece que su propósito entre otros es el de eliminar el movimiento Okupa, impidiendo la actividad de aquello que se escapa a su control”.
Antes de despedirse quieren dejar algo claro: “no vamos a ceder ni un paso y nuestra actividad no va a cesar, queremos centros Okupados y Autogestionados que sigan dando voz a los y las olvidadas y no vamos a dar cabida a que ningún Ayuntamiento ni institución instrumentalice los movimientos sociales en su beneficio y en perjuicio de los y las oprimidas por este sistema”.
Ahora Madrid como gestor del capitalismo
Podríamos hablar -y lo seguiremos haciendo en próximos artículos- del intento de desalojo municipal del ESLA Eko frenado por la vecindad, de la amenaza de cierre por Ahora Madrid a la Enredadera, de las ventas de edificios y locales a intereses privados que enfrentan desde asambleas como “STOP Hotel” o el grupo antigentrificación “Lavapiés dónde vas”, … Desde estas asambleas hay un gran consenso sobre la política del Ayuntamiento frente a los espacios autogestionados, un consistorio que no quiere competencia en la gestión cultural, que se alinea con los grandes poderes económicos dando la espalda a las clases populares, que evita la autoorganización y cuyo lema de la participación ciudadana no es más que un slogan de publicidad engañosa.
Sin una voluntad firme de transformación, que ni si quiera pone al servicio de los intereses de las clases populares las herramientas que caben dentro de la legalidad y que en ningún caso se plantea romper los rígidos límites institucionales, cualquier gobierno se convierte en un gestor del capitalismo que acaba vendiendo como un logro pagar más rápido que otros la deuda ilegítima que no debería estar pagando, que promociona proyectos participativos mientras arranca cada vez más espacios de las manos de vecinos, jóvenes, migrantes o mujeres organizadas para dárselos a grandes empresas o Estados criminales porque “no pueden hacer otra cosa”. Cada vez son más los que se levantan frente a estas contradicciones y reclaman un cambio, pero que esta vez no sea cosmético. |
