El gobierno de PPK presentó un proyecto que otorga beneficios a las empresas en vez de a los trabajadores, un reiterado recurso utilizado en contra de la clase obrera.
El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, utilizando las leyes que lo amparan, intenta hipotecar el futuro de una gran parte de los jóvenes y bajo la mentira de proteger la salud de ellos, entregan préstamos a la clase empresarial peruana. El Proyecto de Ley N° 1104/2016-PE, por encargo del Ministro de Trabajo y empresario, Alfonso Fernando Grados Carraro, como parte de su pretendida reforma laboral: propone fomentar la inserción de jóvenes en el mercado laboral formal a través del otorgamiento de créditos -a favor del empleador- respecto de los aportes al Seguro Social de Salud (EsSalud).
Según la iniciativa, el ámbito de aplicación es para las personas entre 18 y 29 años que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:
Se incorporen por primera vez al mercado laboral formal.
Se encuentren en situación de desempleo por más de seis meses consecutivos.
Se encuentren en situación de informalidad laboral.
Es decir, los empleadores que contraten formalmente jóvenes que cumplan las condiciones señaladas tendrán un crédito del 100% respecto de las aportaciones regulares a EsSalud. Sabiendo que el 80% de la masa asalariada se encuentra bajo situación informal, es notable que utilizan esta herramienta para camuflar el verdadero beneficiario del gasto producido desde las arcas del Estado: el empresariado.
Estas medidas antiobreras comenzaron los primeros días de junio con el decreto que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
Si el porcentaje de trabajo en negro parece alarmante, es aún más preocupante el deficiente sistema de salud: es insuficiente en estructura, personal y atención a poblaciones excluidas y dispersas (como la gente en las sierras y en las selvas peruanas); el Estado sólo garantiza los dos primeros niveles en la salud pública (puestos de salud, centros maternos infantiles y hospitales de apoyo), mientras que los niveles III y IV, de mayor complejidad, son obligatoriamente arancelados (incluye hospitales nacionales y los institutos especializados).
Aún así el beneficio es para las empresas en vez de ser para los trabajadores. No nos cansamos de decir que ¡Nuestra vidas valen más que sus ganancias!
¿Éstas son las condiciones que impone la mejor manera que encuentra el gobierno de PPK para promover el empleo de las y los jóvenes peruanos? Claro está que es lo mejor que encuentra porque solo contempla los intereses de “salud” de los empresarios. Apunta a un grupo etario que recién comienza a insertarse al mercado laboral formal, buscando aprovechar su escasa experiencia, dejando a cientos de jóvenes en condiciones desfavorables de negociación con el empleador, desde el comienzo de la entrevista.
La contraofensiva debe ser inmediata
Las nuevas maniobras impulsadas por PPK y su ministro de Trabajo produjeron la reacción de La Confederación Nacional de Trabajadores del Perú-CGTP, que “con fecha para el 24 de Junio del año en curso, realizará una ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS, en donde previo el análisis de la Política Laboral del Gobierno de PPK, se determinará las medidas de lucha a seguir en defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores en general”, aseguró en un comunicado oficial.
El llamado a huelga general por las condiciones de vida de la clase trabajadora debe ser urgente. Los complejos entramados de corrupción por el caso Odebrecht y otros en los que se encuentra involucrada gran parte de la clase política peruana son migajas de ganancia en comparación a las fortunas que implica negociar con los recursos del suelo y la gran fuerza de trabajo humana colectiva de la sociedad que ellos exprimen “legalmente”, dentro de los marcos y normas que ellos mismos dictan y escriben.
Retrospectiva: Masacre de Bagua
El pasado 5 de junio se cumplieron ocho años de la Masacre de Bagua, acontecida en la localidad El Reposo, departamento de Amazonas, Perú. Según la información oficial, el enfrentamiento tuvo un saldo de 33 personas muertas (10 nativos y 23 policías), 83 personas detenidas y más de 200 heridas.
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Estos hechos se llevaron a cabo como parte del desalojo -en manos de las fuerzas represivas del Estado- de aproximadamente cinco mil nativos aguarunas, huambishas y otros grupos étnicos amazónicos, junto con muchos pobladores de las ciudades cercanas que se encontraban bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry, durante 55 días.
La clase trabajadora salía a la calle en reclamo contra un decreto firmado por el expresidente Alan García, que favorecía a grandes empresas transnacionales y mineras, permitiéndoles usar territorio de la selva con el fin de explotar grandes yacimientos de petróleo, gas y otros minerales.
Un corte de ruta que deja desabastecidas a varias ciudades de combustible y gas, se encadena a la pérdida de ganancias de algunos empresarios y funcionarios del gobierno que, por intereses de clase, reprimen con su policía a los que protestan, y con la ayuda del poderoso aparato mediático se restablece la libre circulación de la explotación del capital. Otra vez, más beneficio para los que más tienen. La burguesía se siente dueña de los recursos naturales de la tierra. Ellos siempre toman las armas para evitar que nos opongamos a sus leyes antiobreras, debemos organizarnos y llevar adelante una huelga general que muestre la verdadera fuerza de la clase trabajadora.
