El Tercer Tribunal Unitario de Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora, emitió su fallo justo cuatro días después del octavo aniversario de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo Sonora. Así se evitaba ser blanco del descontento de los padres al enterarse que se reducirán las penas a diez de los 19 acusados.
El 5 de junio pasado, acompañados de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, los padres de los niños de la guardería ABC, hicieron un acto frente las oficinas nacionales del IMSS en Paseo de la Reforma y colocaron un antimonumento para recordarles a los funcionarios esta tragedia originada por las medidas de subrogación de varios servicios como un paso previo a la privatización de los mismos.
Recordaron a sus niños perdidos por el trágico incendio pero también denunciaron la pasividad de las autoridades en los estados del país: Han pasado seis años y éstos aún no han ratificado la modificación a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil encargado de regular el funcionamiento de las guarderías a nivel nacional por lo que , denunciaron, la negligencia de esos gobiernos ha llevado a que desde 2009 hayan perdido la vida en guarderías 60 niños y niñas más.
La impunidad continúa
Ocho años y aún no se aplica justicia y se castiga a quienes fueron los principales responsables de esta tragedia. En primer lugar, los dos funcionarios del aparato estatal de quienes dependían todos los ahora involucrados.
Estos son el director del IMSS e impulsor del desmantelamiento de los servicios del IMSS subrogándolos a empresarios insolventes e incapaces de dar el servicio adecuado, Humberto Molinar Horcasitas, fallecido, y el gobernador de Sonora en funciones en 2009, Eduardo Bours. Uno impulsor las medidas reformadoras del IMSS y el otro responsable de quienes debieron aplicar las medidas y códigos de seguridad mínima en las guarderías subrogadas. Las autoridades judiciales se excusaron de acusarlos.
Tampoco fue acusada una de las dueñas de la guardería, Marcia Gómez del Campo, por ser prima de la esposa del presidente de entonces, el panista Felipe Calderón.
Como relatamos aquí, hace dos años se emitieron 22 órdenes de aprehensión que dejan intactos a todos los ex-funcionarios locales o federales con responsabilidad en el hecho y, en cambio, responsabilizan a trabajadoras y trabajadores que fueron víctimas del incendio donde algunos arriesgaron su vida para rescatar a los niños.
El caso no se ha finiquitado aún, de acuerdo con el abogado de un grupo de padres de los niños, Gabriel Alvarado, los diecinueve sentenciados aún pueden ampararse para impedir que la sentencia quede firme y obligar a que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta última decisión de la autoridad judicial dejaría a nueva de los 19 sentenciados con la pena original de 29 años de cárcel y reduce la pena a los diez restantes a 14 años.
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