El 28 de febrero de 1974, el jefe de la policía de la provincia de Córdoba dio un golpe con el que derrocó al Gobierno de Obregón Cano y Atilio López. La finalidad del movimiento era atacar a las organizaciones obreras combativas de la provincia, buscando liquidar a la vanguardia obrera, al mismo tiempo que se atacaba a la izquierda peronista.
El contra-Cordobazo, como fue llamado por algunos historiadores, buscaba derrotar el proceso abierto desde mayo de 1969, cuando los trabajadores tomaron la ciudad junto a los estudiantes y el conjunto del pueblo, para enfrenar un plan económico de ajuste brutal.
Luego de la intervención de Duilio Brunello, vendría la del Brigadier Raúl Lacabanne. Una gestión puesta por el Gobierno nacional de Estela María Martínez de Perón, más conocida como Isabelita. La misma tendría el objetivo de atacar duramente a las organizaciones obreras más combativas. Los ataques contra el SMATA, dirigido por Salamanca; Luz y de Fuerza (Tosco) y la misma UTA se haría permanentes.
En ese período empezaría a actuar directamente el Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la Triple A. Al mismo tiempo, empezaban a funcionar los primeros centros clandestinos de detención. El tristemente célebre D2, ubicado en el Cabildo histórico, sería uno de los emblemas de ese negro período.
Las comparaciones históricas son, por principio, arbitrarias. Sin embargo, permiten ejemplificar tendencias. Por estas horas, la idea de un nuevo Cordobazo se ha hecho casi un lugar común en la provincia cordobesa, en el marco de la enorme huelga que realizan los trabajadores y las trabajadoras de la UTA en la provincia de Córdoba.
Contra esa enorme huelga actúan ahora todos los poderes del régimen provincial. A la “Santa Alianza” que denunciaban los clasistas del Sitrac-Sitram a inicios de los 70, se suma ahora el poder de las grandes corporaciones mediáticas.
Diarios y portales de noticias se han convertido en verdaderas usinas de un relato que ataca a los trabajadores del transporte por “privilegiados”. Los grandes medios con los voceros de Gobiernos que no tienen pruritos a la hora de entregar subsidios millonarios a las grandes patronales automotrices –como Fiat, Iveco o VW - pero consideran “un exceso” que los trabajadores pidan ganar un poco más que el costo de la canasta familiar.
La histórica huelga de los trabajadores y trabajadoras del transporte entra en su octavo día. El Gobierno de Mestre intentar quebrar la lucha con mecanismos dignos del período de Lacabanne.
A la hora que escribimos esta columna, algunas unidades de colectivos transitan por las calles de Córdoba escoltados por móviles policiales y con gendarmes en su interior. La militarización del transporte publico es la “solución” que Ramón Mestre, Juan Schiaretti y Mauricio Macri le ofrecen a la población trabajadora cordobesa.
La imagen de una ciudad militarizada, como en la época del interventor puesto por Isabelita, vuelve a aparecer. Si Macri impulsa el discurso negacionista que dice que “no fueron 30.000”, Mestre quiere resucitar la intervención de Lacabanne, prólogo inmediato de la dictadura genocida en Córdoba.
La “santa alianza” contra los trabajadores y las trabajadoras en huelga se completa con el rol nefasto de la UTA Nacional, que actúa verdaderamente como “la policía” al interior de las organizaciones obreras. El vergonzoso comunicado emitido este domingo amenaza a sus propios afiliados y los llama a “deponer la actitud”, un lenguaje que no puede dejar de recordar el que utilizaba la burocracia sindical que fue parte de la Triple A.
Esta columna también podría haberse titulado “Los clasistas de Sitrac-Sitram tenían razón”. La unidad de grandes medios, Gobiernos, patronales, burocracia sindical de la UTA y las fuerzas represivas para intentar derrotar la lucha de trabajadores y trabajadoras conforma esa “Santa Alianza” denunciada.
En la mañana de este lunes, cuando algunos pocos colectivos circulan custodiados por las fuerzas represivas, habrá una movilización importante convocada por gremios de peso estratégico como el Surbac y Luz y Fuerza. Estar a la altura del ataque lanzado por Mestre, con el aval de Macri y Schiaretti significa pasar a una medida que muestre el poder de la clase trabajadora en su conjunto. Es urgente el llamado a un paro provincial para derrotar este brutal ataque.
“Urgente” no es solo una palabra en este caso. Si los dirigentes sindicales de esos gremios no avanzan en una medida de este tipo, estarán permitiendo que avance el plan de Mestre para volver a la Córdoba de Lacabanne. | 
