Diversas organizaciones sociales, defensores de migrantes y activistas han denunciado el plan intervencionista de Estados Unidos en Guatemala al pretender instalar una base militar de la Fuerza de Tarea del Comando Sur en el departamento de El Petén para que controle el flujo migratorio desde países centroamericanos hacia el norte.
Como antecedente está la reciente reunión en México del Parlamento Centroamericano (Parlacen), donde la instancia pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto incluir al estado de Chiapas en el Plan Alianza para la Prosperidad con el fin de coordinar una operación en la frontera entre México y Guatemala para reducir la migración.
Dicha política es desarrollada desde la gestión del “Deportador en Jefe” Barack Obama -quien en su momento ofreció más de mil millones de dólares para lanzar la medida- y que con el gobierno de Donald Trump se plantea recrudecer el intervencionismo para el conjunto de la región.
En el semanario Proceso se señala que la organización Voces Mesoamericanas ha denunciado este hecho y las consecuencias que tendrá dicha medida con una mayor militarización, pues se advierte que “conllevaría graves riesgos y violaciones a los derechos humanos como la que en apariencia ya inició, con los primeros desplazamientos de indígenas que habitan la parte selvática de El Petén.” El desalojo se produjo el mismo día que Peña Nieto realizaba una visita en Guatemala para establecer una reunión con su homólogo Jimmy Morales, cuyo objetivo fue tratar el tema de la migración e inversión.
Las reuniones se han mantenido de manera periódica con el seguimiento del gobierno de Trump, sin embargo, los planes del imperialismo estadounidense se redoblan pues se aproxima la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad y Economía para México y Centroamérica, planeada del 14 al 16 de junio en la base del Comando Sur, en Miami, Florida con el propósito de robustecer el Plan Alianza para la Prosperidad con un enfoque directamente “militar y de reinversión de capitales privados en la región”.
México, el operador del Pentágono
La denuncia de las organizaciones y su posicionamiento político frente al ataque de carácter militar, apunta a señalar las labores de “gobernabilidad” que supondría para el conjunto de la región. Durante una entrevista al activista Enrique Vidal Olascoaga de Voces Mesoamericanas, se menciona que tal acuerdo entre países centroamericanos con Estados Unidos existe desde la administración de Barack Obama, dado a conocer por medio de un telegrama filtrado por Wikileaks el 18 de octubre de 2012 para una “nueva fase de cooperación internacional desde 2010”.
Es así que las recientes reuniones trilaterales han sido vitales para agilizar la política del intervencionismo estadounidense. Esta serie de negociaciones o “Plan Pentágono” que se ha mantenido a puertas cerradas y sin cobertura mediática ha provocado la alerta de organizaciones sociales, quienes afirman que “ofrecerán una resistencia transfronteriza para frustrar el despojo de sus territorios por la ocupación extranjera”.
Por lo pronto, en el preámbulo de dicha operación ya se ha efectuado el desplazamiento de 700 personas de la comunidad guatemalteca de Laguna Larga, en El Petén, señaladas por el gobierno de Jimmy Morales como “invasoras de un área natural protegida” y que conminó a retirarse a base de toletes y la represión de más de mil efectivos de la Policía Nacional Civil y del ejército.
El pasado 29 de enero altos oficiales del Comando Sur volaron desde su base militar en Honduras a la que tienen en el poblado fronterizo guatemalteco de Tecún Umán. Al día siguiente, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, sobrevoló la frontera sur con funcionarios de la embajada estadounidense y oficiales del Comando Sur.
Fuera bases militares
De concretarse la instalación de la base militar El Petén con presencia del Comando Sur y bajo el actual contexto de renegociación del TLCAN, significaría un salto en la subordinación al imperialismo yanqui que además plantea una amenaza en términos de derechos humanos de las comunidades indígenas y el despojo de sus tierras para la apertura a la inversión extranjera y el monopolio de empresas transnacionales.
Organizar la resistencia tendrá que venir de la mano de la respuesta y solidaridad internacional contra esta medida, recuperando la experiencia de movilización masiva o “Marchas de Antorchas” como se vio en países como Guatemala y Honduras durante 2015. Pero a su vez, es fundamental que esas luchas sean protagonizadas por sectores de trabajadores y contundentes acciones de masas que puedan dar pie a nuevos procesos en Centroamérica para echar abajo los planes dictados desde Estados Unidos.
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