El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, aseguró hoy que el sistema de juicios laborales "es perverso" y frena la llegada de inversiones extranjeras al país.
Funes de Rioja sostuvo "No quiero hablar de personas, hablo de un sistema. Y el sistema es perverso, ha generado profundas deformaciones tanto en el campo de los riesgos de trabajo donde los accidentes de los días lunes o el reclamo por incapacidades son muchos mayores que los instaurados a nivel internacional y generan una industria del juicio que es innegable".
En declaraciones a radio Latina, el empresario señaló que esa situación afecta principalmente a las pequeñas y medianas firmas, "que no contratan", y advirtió que también conspira contra el arribo de inversiones extranjeras.
Las declaraciones del empresario adhieren a las del presidente Mauricio Macri, quien ayer denunció la existencia de una "mafia de los juicios laborales”.
La “mafia de los juicios” son las muertes obreras
La ofensiva de Macri y los empresarios contra los trabajadores no es nueva, en reiteradas ocasiones el presidente afirmó que “había que terminar con la industria del juicio” o decía “si se hace trampa al sistema, se fuerza un ausentismo, se inventa un juicio, se pone un palo en la rueda”.
Un palo en la rueda representa para el presidente y sus representantes patronales los “accidentes laborales” o las muertes obreras, que en su gran mayoría son ocasionados por los altos ritmos de explosión y las jornadas extenuantes.
Entre trabajadores fallecidos en accidentes laborales, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y por reingreso, de 2014 a 2015 los casos treparon de 776 a 796 casos. Entre 2003 y 2015 se registraron 11.376 muertes obreras.
El plan macrista avanzó con los cambios en la ley de ART, que se aprobó a comienzos del año. Modificaciones que también celebró la UIA. Vale destacar que el FPV, como ocurrió con otras leyes de ajuste, dio luz verde al proyecto en el Senado, donde Cambiemos no cuenta con mayoría propia.
Verso patronal ante los despidos
Tanto Macri como la UIA sostienen que un “sistema rígido” donde se “multa” a los empresarios perjudica el empleo y las inversiones. Pero lo cierto es que las patronales tienen vía libre para despedir y suspender cuando sus ventas disminuyen o cuando los trabajadores se “accidentan”.
Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo de los 7.322 trabajadores atendidos a diciembre 2016, sólo el 27 % fue reinsertado y el 37 % fue reubicado en su puesto de trabajo. Las lesiones que fueron ocasionadas por la jornada laboral quedan en los cuerpos obreros impidiendo que vuelvan a conseguir un nuevo trabajo.
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En mayo y a fines del año pasado, los empresarios se comprometieron a no despedir. Los dirigentes de la CGT presentaron el acuerdo como un logro. Sin embargo, el mismo Funes de Rioja afirmó en esa ocasión “Es una apelación, no una obligación. Lo que se acordó es mantener los puestos de trabajo y trabajar para crear nuevos. Pero lo firmado no tiene carácter legal ni consecuencias”. Y así fue, papel mojado porque el 2016 cerró con 241.774 despidos y suspensiones, entre el sector privado y público, según datos de Cepa.
Por su parte, la famosa lluvia de inversiones no llegó. En 2016 las inversiones extranjeras directas se derrumbaron a la mitad y los dólares que ingresaron se volcaron a la especulación.
Incluso en los sectores del campo, la industria y las mineras que fueron beneficiadas con la reducción y eliminación de las retenciones a las exportaciones, no se expresó en un crecimiento exponencial del empleo. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 la industria contrajo la cantidad de trabajadores de 1.252.108 a 1.204.285 (casi 4 %), la minería disminuyó 6,3 % (de 85.735 a 80.325 empleos), y el sector agropecuario aumentó su dotación, pero apenas un 1,7 % (de 316.546 a 322.081 trabajadores), según relevamiento de Cepa.
Las patronales, ante el ajuste “gradual” que emprendió Cambiemos, exigen mayores ataques sobre los trabajadores y los sectores populares. Como confesó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, el círculo rojo los crítica por no hacer un ajuste más violento. Así, lo demuestra la campaña furiosa contra los trabajadores y trabajadoras de la UTA de Córdoba que luchan por la defensa de su salario.
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