Esta mañana, el Senado provincial dio media sanción al proyecto impulsado por el gobierno mendocino para crear una Oficina de Conciliación Obligatoria. A tono con el gobierno nacional, que habla de la “industria” de los juicios laborales, Cornejo intenta limitar las demandas contra las empresas.
El proyecto, establece una instancia obligatoria antes de conciliación donde, en un plazo no mayor a 60 días, la subsecretaría de Trabajo deberá resolver el conflicto para evitar la demanda judicial.
Desde la oposición rechazaron el proyecto, denunciando que se está limitando el acceso a la justicia de los trabajadores y trabajadoras de la provincia. La senadora del PTS FIT, Noelia Barbeito denunció que "los trabajadores en esta provincia van a pasar a ser ciudadanos de segunda con respecto al acceso a la Justicia", en relación a que cualquier trabajador que quiera denunciar cualquier irregularidad patronal, deberá pasar por la subsecretaría de Trabajo antes de denunciarlo penalmente. En la misma sintonía, la senadora peronista Maria Jose Ubaldini denunció que "sería el único caso en el derecho argentino en donde una persona que ve violado un derecho constitucional no puede ir a reclamarle a un juez y tiene que ir a la instancia administrativa obligatoria".
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En Mendoza, durante 2016 se iniciaron más de 19 mil demandas laborales y con este proyecto, el gobierno pretende reducir esa cantidad en un 30 %. Sin embargo, el principal motivo de demanda son despidos injustificados y el trabajo precario; dos cosas que el gobierno no ataca, sino que prefiere limitar las demandas de los trabajadores.
“Macri dice, Cornejo hace”
La senadora del Frente de Izquierda denunció que la mayoría de los juicios laborales son por situaciones de precarización laboral y, con este proyecto, se estará limitando el acceso libre a la justicia de los trabajadores y trabajadoras que quieran denunciarlo. Además, denunció que se está violando la división de poderes, ya que el poder ejecutivo, a través de la subsecretaría de Trabajo estaría “mediando” entre los trabajadores y la justicia.
“Hablan de los altos costos de los juicios para el estado, pero si un trabajador recurre a la justicia es porque hay un atropello patronal. En Mendoza hay un 36 % de trabajo en negro o precario y ahora quieren limitar el acceso a que esos trabajadores y trabajadoras lo denuncien”, denunció Barbeito. Además también denunció que el proyecto incluye las demandas por acoso laboral, por lo cual una mujer que sufra acoso sexual en su lugar de trabajo deberá obligatoriamente “conciliar” con su acosador antes de llegar a la justicia.
“Hay un movimiento proempresarial en contra de la litigiosidad laboral, en contra de que los trabajadores accedan a la Justicia. Quieren formar un gobierno de CEOs, de ricos para ricos", concluyó Barbeito.
Por su parte, abogados laboralistas exigieron la creación de cámaras laborales para acelerar los tiempos de las demandas. En la ciudad de Mendoza hay 7 Camaras Laborales y tan solo 2 en toda la provincia, mientras que en el fuero civil, por ejemplo, existen 24.
Foto: Diario Los Andes
A tono con el gobierno nacional, que habla de la "mafia" de los juicios laborales, el gobierno de Mendoza, pretende limitar las demandas laborales
La situación del empleo en Mendoza
El gobernador Cornejo habla de la “industria” de los juicios laborales, una vez más, demonizando a los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Sólo en el Gran Mendoza hay 18 mil desocupados, y desde el Centro de Empleados de Comercio denunciaron la semana pasada un aumento del 40 % de los despidos en el primer trimestre del año. Además, 4 de cada 10 trabajadores tiene un trabajo en negro o precario. Mientras tanto, desde las patronales de la provincia, vienen exigiendo al gobierno que despedir trabajadores sea “mas barato”. | 
