Las comunidades mayas de la península de Yucatán están dando una batalla por la defensa de la selva maya, la segunda selva tropical más grande de América después del Amazonas, con 42,300 kilómetros cuadrados, contra la siembra de soya transgénica impulsada por la empresa Monsanto.
La siembra de soya transgénica ha llevado a deforestar la selva maya, y pone en riesgo a la población de abejas por el uso del herbicida glifosato en los cultivos, por lo tanto, también afecta la actividad productiva de los apicultores de la región. Ya han sostenido que desde 2013 la producción de miel ha disminuido.
La polinización de las flores que realizan las abejas es vital para los ecosistemas, la producción de alimentos y la biodiversidad terrestre dependen de la ella. La agricultura industrial que promueve el uso de herbicidas, está acabando con insectos importantes para los ecosistemas como las abejas. En particular, se ha denunciado que el uso del herbicida que contiene glifosato, y comercializado como RoundUp por parte de Monsanto, amenaza a dichos polinizadores.
En la península de Yucatán, conocida por la producción de miel de alta calidad, se está poniendo en riesgo a las abejas por la siembra de soya transgénica de Monsanto.
De igual manera, la actividad productiva de los apicultores está en riesgo, han enfrentado la disminución en la producción de miel, y se encuentran ahora inmersos en un proceso de consulta en relación al permiso de liberación al medio ambiente de soya transgénica de Monsanto en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, luchando contra las autoridades encargadas de llevar a cabo el proceso de consulta, las cuales están del lado de los intereses de Monsanto, y que buscan alentar a las comunidades a aceptar la siembra de soya.
Antecedentes de la entrega a Monsanto
Se trata de un conflicto que ya lleva varios años. En el 2012, el gobierno federal otorgó permisos a Monsanto para sembrar 253 mil 500 hectáreas en cinco polígonos ubicados en la península de Yucatán, Chiapas y la planicie huasteca. Comunidades mayas promovieron amparos contra Monsanto y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por violar su derecho constitucional a la consulta previa.
Tres años después, en el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el permiso concedido a Monsanto, y ordenó a las autoridades la realización de la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, con base en el artículo 2° Constitucional.
En una reciente conferencia de prensa, los representantes de las 34 comunidades mayas, Jorge Alberto Pech Martín, Socorro Pech Pech, José Gaspar Cahuich Cahuich, Angélica María Ek Canché, Luis Vidal Canul Vera, Feliciano Ucan Poot y María Luisa Poot Tucuch, aseguraron que por mayoría rechazan la siembra de soya transgénica.
Feliciano Ucan, representante de Hopelchén, afirmó que a casi cuatro años de iniciado el proceso de consulta, no se han llegado a acuerdos, debido al desinterés de las autoridades y el clima de confrontación y manipulación.
Denunció que grupos patrocinados por Monsanto, han violentado, intimidado y hostigado a los habitantes mayas. “Es gente acarreada, pagada y al servicio de los menonitas de Iturbide que quieren acabar con la consulta”, aseveró.
De igual manera, las comunidades han afirmado que se sigue sembrando soya transgénica en la selva pese a la anulación de la SCJN a Monsanto.
Luis Canul Vela, de Tenabo, afirmó que los organizadores de la consulta están presionando a la comunidad para que autorice el cultivo de soya transgénica. Y Angélica Ek Canché, de Cancabchén, acusó que los organizadores de la consulta, como Sol Ortiz, de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), órgano del Poder Ejecutivo Federal, defienden los intereses de Monsanto.
Acusan que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no toma en serio la consulta, y que tanto la CIBIOGEM como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), buscan interferir en el ámbito de autoridad de las comunidades mayas, y no han respetado su derecho a la autonomía y libre determinación. Agregaron que estas dos instancias cuestionan la representatividad de los líderes, así como la autoridad indígena en todas las sesiones de la consulta.
Los efectos nocivos de la agricultura industrial sobre el ecosistema son devastadores. Deforestación y eliminación de polinizadores, ese es el modelo que exporta Monsanto, y el que las autoridades mexicanas intentan avalar en la península de Yucatán, a pesar del amparo de las comunidades mayas. La calidad de la tierra por el uso del herbicida y la apicultura, como actividad productiva también están en riesgo.
Ante esto, las comunidades mayas han resistido y dado una batalla de varios años para hacer que se respete su derecho a la autonomía y libre determinación.
Ha quedado claro que el derecho de consulta previa, libre e informada, establecidos en el artículo 2° Constitucional, es letra muerta las autoridades gubernamentales, por el contrario, han demostrado que se encuentran del lado de los intereses de las empresas como Monsanto. |
