Fotografía: sitio Mujeres Publimetro
La semana pasada se conoció el hecho, un niño se prendió fuego mientras estaba en estado de aislamiento, olvidado en una celda pequeña, perdida en un subsuelo del Instituto Agote. Ayer, tras días de agonía, falleció.
El Tribunal Oral de Menores Nº 1 era quién entendía en su causa y al cual estaba a disposición, ante el aberrante hecho plantearon que “habían alertado de los problemas psiquiátricos del joven y que requería cuidados especiales”. Una vez más, la hipocresía de la justicia se presenta en la vida de un pibe, al que además culpabilizan lo acaecido por haber prendido fuego el colchón en el que dormía.
Pero estos mismos magistrados que día a día abarrotan las cárceles y comisarías con pobres, entre ellos muchos de estos chicos, acá no ven delitos. Alojar a menores en celdas de aislamiento, acto prohibido por la Convención de los Derechos del Niño, así como la obligatoriedad de que los colchones de los Centros de Detención sean ignífugos, parece que es “uso y costumbre” del Servicio Penitenciario.
Era uno de los tantos jóvenes que se encuentran privados de la libertad en la Argentina, en condiciones inhumanas de alojamiento y recluido en celdas de aislamiento las 24 horas del día, sin acceso a alimentación, atención médica, a higienizarse o acceder a sanitarios, muchas veces sin ni siquiera ver la luz durante varios días.
¿Y donde encontramos la protección de los niños amparada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales? Parece que no llegan estos derechos a los jóvenes de los calabozos.
Esta realidad viene siendo denunciada desde La Izquierda Diario, ya que no es novedad que las personas detenidas sufren a diario violaciones a los derechos humanos como torturas, vejaciones, apremios. Hoy hablamos de un niño y de una situación que el mismo estado viene “autoincriminandose” como lo vemos en las denuncias realizadas por la Procuración Penitenaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros entes que visibilizan esta realidad. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Pocos días antes de esta aberrante muerte, la Cámara Federal de Casación le negó a estos organismos el ingreso a dichos establecimientos para realizar monitoreos. Esto se produjo como consecuencia de un entrevero entre la PPN y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Internas, casualidades, son diversos los argumentos utilizados, la realidad es que tanto jueces como fiscales así como los órganos de control, acuerdan en mantener una realidad incólume. La muerte es la realidad, nada de “mala voluntad”. |
