Un equipo forense del Ministerio Público exhumó el cuerpo enterrado en la zona de Yanajanca, departamento de Huánuco, en el marco de la investigación por el caso Madre Mía, que apunta a “esclarecer” los asesinatos cometidos por personal del Ejército en la década de 1990, cuyo jefe de la base militar era el ex presidente de la República Ollanta Humala.
Edgardo Isla Pérez, con 28 años de edad, fue secuestrado la madrugada del 25 de junio de 1992 por una patrulla militar para ser llevado a la base de Madre Mía. Siendo posteriormente torturado durante los interrogatorios y, finalmente, asesinado. Su familia encontró el cuerpo en una chacra y, con ayuda de los lugareños, lo enterraron en lo que hoy es la cancha del pueblo.
De acuerdo con los testimonios, se dedicaba al transporte fluvial y fue acusado de senderista. Jamás regresó a su casa. Otra clara muestra del accionar de fuerzas represivas del Estado capitalista volcadas sobre la vulnerabilidad de los oprimidos y oprimidas.
La histórica impune justicia burguesa
Todo se remonta a 1992. Ollanta Humala era capitán del Ejército y estaba destacado en Huánuco como jefe de la Unidad Contrasubversiva. Su labor era dirigir la base militar Madre Mía (San Martín) para la identificación y captura de terroristas. Así, las FFAA con la excusa de los hechos repudiables producidos por el grupo Sendero Luminoso, descargaba sus balas contra el conjunto de los oprimidos, en pos de la “justicia soberana”. Edgardo fue otra víctima de dicha brutalidad.
Las idas y vueltas en el caso son un reflejo de la justicia actual. El 17 de junio de 1992 denunciaron a Ollanta Humala ante la Fiscalía de Tocache. El denunciante era Jorge Ávila, quien entonces aseguraba que Humala había ordenado un ataque contra él y sus familiares tras confundirlos con integrantes de Sendero Luminoso. Según dijo en ese momento, fue secuestrado y torturado, pero logró escapar. Su hermana, Natividad Ávila Rivera, y su cuñado, Benigno Sulca Castro, desaparecieron.
En aquel entonces, el proceso quedó trunco por las “supuestas contradicciones” en los testigos. Luego, el relato de Ávila fue atendido por el Poder Judicial que abrió un proceso en 2006 por los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada y lesiones graves.
No obstante, el caso no pasó más allá del análisis y nunca se abrió juicio oral. La Sala Penal Nacional decidió archivarlo en 2009, luego de que varios otros testigos se desdijeran. El propio Ávila también varió su alegato y limpió de responsabilidad a Humala. Con todo esto, en última instancia, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ordenó retirar del proceso al principal acusado (y responsable).
En una reciente entrevista con el periódico “El Comercio”, Ávila sostuvo que el amigo de Ollanta y suboficial del Ejército, Amílcar Gómez Amasifuén, fue el intermediario de los 4.500 dólares que recibió para dejar de acusar al ex presidente ante los fiscales.
En enero de 2011, cuando Humala se presenta como candidato por segunda vez a la presidencia, el caso fue abierto nuevamente. ¿La razón? Se desempolvó otra denuncia, hecha años atrás por quien era candidato al Congreso por Solidaridad Nacional, Gustavo Pacheco. Pero la nueva acusación por desaparición forzada no trascendió, pues la Fiscalía de Tocache aplicó la sentencia de la Corte Suprema que desestimó la acusación contra Humala por inconsistente. Nuevamente el poder otorgó sus beneficios a sus propietarios. | 
