En un reciente reportaje en el diario La Nación, en el programa online “Terapia de Noticias”, entrevistado por Diego Sehinkman, el filósofo macrista respondió:
Es aún muy pronto, pareció decir el parlamento, para que la independencia de los poderes judiciales pueda obrar en un marco de respeto civilizado por su autonomía. Debemos todavía respaldar a la voluntad popular más allá de lo que la justicia decida. Ya llegará la hora de la constitución.
Es decir, no habría en Argentina suficiente “construcción cívica” para aceptar la decisión de la Corte Suprema y de las leyes establecidas.
Y luego, como una aceptación impuesta, se resigna a tolerar la “voluntad popular” por sobre las leyes.
Pese a toda esta retórica de republicanismo e independencia de poderes, resulta que Santiago Kovadloff parece no recordar sus propias posturas y “actos de rebeldía” contra la ley y la justicia.
No es la libertad de expresión, es la complicidad con la dictadura
En abril del 2014, apoyó en su carácter de vicepresidente de la (pretendida) Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, junto a Manuel Solanet presidente de la institución, una declaración en apoyo al empresario y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, mientras era investigado por su participación en delitos de lesa humanidad.
La declaración decía que “Manifestamos nuestra solidaridad con el doctor Massot, de indudable trayectoria personal, científica y moral, y esperamos de la Justicia una resolución de acuerdo a derecho, consecuente con el precepto constitucional de libertad de expresión, no sujeta a presiones del poder ni resultante de propósitos persecutorios”.
La libertad de expresión no tenía nada que ver con la investigación que la justicia le hacía a Vicente Massot. El asunto era otro. Los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, delegados de los trabajadores del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, fueron secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.
Las editoriales del diario, al referirse a los delegados, los calificaban como “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero”. El diario, al saber de sus asesinatos, solo publicó una nota marginal de 20 líneas titulada “Son investigados dos homicidios”. Cuando que los asesinados eran delegados de la gráfica en la que se imprimía el diario de los Massot.
Era Vicente el designado por su propia madre en septiembre de 1975 para tener “todo trato con el personal”. Por este motivo es que el fiscal de la causa lo imputa como coautor de los asesinatos.
Un documento de Inteligencia de la Prefectura llamado “Estudio realizado sobre el diario LNP. Guerrilla sindical” de diciembre de 1975, cita las “actas notariales” que le suministró el diario La Nueva Provincia, donde se afirma que “el proceso de sabotaje fue ampliamente documentado por la empresa a los comandos militares y navales de la zona”. Se habla de sabotaje porque a raíz del paro realizado por los trabajadores gráficos, el diario no salía.
En el mismo documento figura que “La función de este trabajo es consignar los datos que pudieran establecer con veracidad respecto al personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental”. Luego en la lista de los principales activistas a ser “raleados” en primer lugar están Heinrich y Loyola.
La República, los tres poderes y una misma clase social
Recordemos que Manuel Solanet fue Secretario de Hacienda de José Martínez de Hoz durante la dictadura militar. Además la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas que aún hoy integra Kovadloff, también tiene otros miembros como Carlos Pedro Blaquier del ingenio Ledesma, el arzobispo ultraconservador, Héctor Aguer, Alberto Rodríguez Varela (ex ministro de justicia de Jorge Rafael Videla). Es decir, civiles involucrados en casos de violación a los derechos humanos. No es casualidad que todos tengan vinculaciones con la dictadura militar. No sólo son de la misma clase social, empresarios e integrantes de la Iglesia, son además de la misma calaña.
Kovadloff, y recordémoslo una vez más, es escritor, filósofo y ensayista, y apoya al gobierno de Macri, sostiene la “Teoría de los dos demonios” en relación al genocidio de la última dictadura militar.
En su artículo "La media verdad que nos falta" de octubre del 2011 en La Nación, diario donde habitualmente publica sus pensamientos, lo deja en claro. Ya en el título nos preanuncia que para él, sobre la guerrilla “siguen pendientes de condena los responsables de tantos secuestros y asesinatos cometidos en nombre de esa patria socialista y en desmedro de la democracia y la Constitución".
Esta posición política y su defensa de Vicente Massot involucrado en los crímenes de lesa humanidad demuestran su abierto cuestionamiento a las decisiones del Poder Judicial cuando este lleva adelante los juicios contra los genocidas y sus cómplices. Juicios que además fueron conquistados con años de lucha sostenida por los organismos de DD.HH. y los partidos de izquierda no comprometidos con la impunidad de ninguno de los gobiernos.
Además este cuestionamiento consiste en presionar en forma conjunta con declaraciones públicas de figuras del poder económico, político y mediático como es el caso del diario La Nación, que mantiene una campaña permanente en sus editoriales.
En definitiva, el respeto que reclama Kovadloff a la decisión del fallo del 2x1 de la Corte Suprema, en realidad no responde tanto a una supuesta “construcción cívica” que nos falta para aceptar la división de poderes en la Argentina, la legalidad, o los procedimientos del sistema judicial, sino a una política que busca en primer lugar preservar a los empresarios, a otros civiles y a los militares que en los años setenta pusieron todos sus recursos para desde el terrorismo de estado liquidar a la vanguardia revolucionaria que lideraba las tendencias que podían superar al peronismo en el poder. Y en segundo lugar, el objetivo de recobrar una institución estratégica para el Estado y el poder burgués como son las Fuerzas Armadas.
Es una política congruente con el “nuevo consenso negacionista” del que es parte el gobierno de Macri. Desde ministros que cuestionan el número de desaparecidos, la Iglesia y su intento de reconciliación, hasta el fallo del 2x1 de la Corte Suprema son parte de este consenso.
Todos los gobiernos desde Alfonsín a esta parte intentaron superar el divorcio existente entre las masas y las FF. AA. después de la dictadura y la derrota en Malvinas. Inclusive el gobierno kirchnerista que tuvo su relato progresista sobre los DDHH, nunca se dignó a abrir los archivos y brindar a las víctimas los datos necesarios para alcanzar alguna justicia, y terminó con Milani tres años en el gobierno.
Este plan del nuevo consenso recibió un fuerte golpe, y como dice Kovadloff, presionado por el miedo, el congreso votó modificar la ley del 2x1. Tuvieron que capitular ante la “voluntad popular” más allá de las instituciones. Aunque los objetivos más estratégicos no están resueltos, y con una mira amenazante, el filósofo advierte que más tarde o más temprano, “ya llegará la hora de la constitución”.
