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Esta semana se definieron las listas de candidatos que participarían en las elecciones judiciales que debían llevarse a cabo el 22 de octubre del presente año, sin embargo, ante la baja participación de mujeres e indígenas la comisión mixta constitucional encargada de realizar este proceso de selección se vio obligada a declarar “desierta” la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional ya a que no se completó el cupo mínimo que garantice la equidad de género y plurinacionalidad que exige la constitución política del estado en su artículo 11, parágrafo I, que señala:
La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
Por otro lado, el reglamento de preselección establece en su artículo 25 que el cincuenta por ciento (50%) de las preseleccionadas serán mujeres y que debe existir la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.
Ante la carencia de ambas condiciones, el proceso de selección de postulantes se vio en la imposibilidad de garantizar una elección judicial libre de vicios, es por esta razón que el viernes 16 de junio el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó que se declara “desierta” la convocatoria y que se modificará la fecha de los comicios previa coordinación con el órgano electoral:
"Se ha decidido declarar desierta la convocatoria para el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. Se ha tomado decisión que en virtud a este nuevo escenario postergar la realización de las elecciones judiciales previstas para el 22 de octubre para el domingo 3 de diciembre de este mismo año, esto obedece a los ajustes necesarios que hay que hacer en el calendario.”
Cabe aclarar, que estas modificaciones solo se aplicarán para la elección de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional ya que para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, la convocatoria sigue vigente, debido a que en ambas instancias sí se completaron los requisitos para continuar con este proceso.
Según el Gobierno esta forma de elección de autoridades garantizaría que las personas que asuman estos importantes cargos serán las más calificadas, las más idóneas y las que gozarán de plena legitimidad ya que serán elegidas por la población por medio del voto.
Sobre este tema es necesario hacer una importante reflexión, ya que el problema de la justicia en Bolivia trasciende a que méritos tengan y cuantas mujeres o indígenas conformen los máximos tribunales judiciales, pues la retardación de justicia, la manipulación política y la corrupción son males que se encuentran enraizados en toda la estructura del Estado y por lo tanto del órgano judicial, independientemente de cuál sea la composición que tengan estos tribunales. Sin embargo, el MAS llegó a considerar como solución al actual estancamiento del proceso electoral judicial el flexibilizar su propia normativa sobre la equidad de género y de representación indígena originario campesina en las listas de candidatos, poniendo en evidencia su instrumentalización del discurso de género y del discurso plurinacional de manera utilitaria y demagógica. Hay que terminar con estos mecanismos de pre-selección que alimentan el cuoteo entre los partidos del oficialismo y de la oposición patronal, avanzando hacia una construcción judicial basada en elecciones absolutamente libres y democráticas donde sean los trabajadores y el pueblo quiénes garanticen no sólo la equidad de género y la participación indígena campesina, sino sobre todo, una justicia al servicio de las necesidades de las grandes mayorías nacionales y no de una casta empresarial y gubernamental asociada a la corrupta casta judicial.
Si bien este novedoso mecanismo de elección de autoridades judiciales se encuentra establecido en la constitución política del estado, no es más que otra forma de crear una nueva casta judicial que defienda de forma consiente los intereses de la burguesía, administre las relaciones de opresión al pueblo trabajador y proteja la propiedad privada de los medios de producción, constituyéndose de esta manera en un fundamental instrumento de dominación, aunque este se disfrace de inclusivo, equitativo y democrático. | 
